La justicia chilena ordenó a la policía tomar declaración a la mesa directiva de la Convención Constitucional (CC) y al ex vicepresidente adjunto Rodrigo Rojas Vade, quien admitió al país que nunca padeció de un cáncer.
La orden fue revelada este martes cuando el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Patricio Cooper, le solicitó a la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI) que ejecute una serie de diligencias para investigar si existe o no un delito de perjurio por el supuesto cáncer de Rojas Vade.
Rodrigo Rojas Vade es uno de los 155 Convencionales que escribirá una eventual Nueva Constitución para el país en un plazo máximo de un año. El imputado era ex vicepresidente adjunto de la Convención y un reconocido luchador social.
El sábado pasado, el convencional admitió a La Tercera que no sufría de leucemia linfoblástica mixta, y que debía renunciar a la CC. Sin embargo, su salida total del organismo aún no se ha confirmado. “No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer”, admitió Rojas Vade, conocido en el país por participar en las masivas protestas del 2019.
La orden de investigar de la fiscalía se desprende luego que la mesa directiva de la CC remitiera todos los antecedentes a este órgano por posibles delitos de Rojas Vade, quien había declarado una deuda de $27 millones (USD 34.188) por “tratamiento quimioterapéutico por cáncer”.
Entre las diligencias que ordenó el fiscal Cooper se destacó la declaración de Rojas Vade cuyo paradero es desconocido. Se dice que el convencional podría estar refugiado en la localidad de Pomaire, en la comuna de Melipilla, aunque no se ha confirmado.
El caso de Rojas Vade ha desatado un duro golpe a la CC y el rechazo transversal de todos los sectores políticos. Por ejemplo, la diputada Aracely Leuquén quien sí sufre cáncer manifestó que esta es “una enfermedad que sufren miles de chilenas y chilenos en nuestro país”, y que con esto “no se juega políticamente”.
PDI tomará declaraciones a la mesa directiva
Entre las diligencias más importantes que deberá ejecutar la PDI sera la citación y la toma de declaración como testigos a la mesa directiva, en este caso a la presidenta de la CC Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Bassa.
Esto último es prioridad ya que ambos son los denunciantes y deben ratificar la acción penal que presentaron. Se cree que este jueves ambas autoridades declararán a la PDI. “Nosotros como mesa directiva agradecemos de que se haya tomado el caso que interpusimos ayer al Ministerio Público y manifestar toda nuestra entera disposición para colaborar con el proceso”, dijo Loncón.
Una vez completa la declaración de Loncón y Bassa, los tres detectives que investigarán este caso citarán a Rojas Vade para que responda por las acusaciones en su contra.
Con la declaración de Rojas Vade la PDI buscará esclarecer la información sobre intereses y patrimonio del imputado, y si esto fue “jurado” o no, ya que ese es un elemento de importancia en la configuración del eventual delito de perjurio.
Por otro lado, los detectives serán los responsables de recibir información solicitada por el fiscal Cooper a la Contraloría, en donde se tramitó tanto la postulación como el cargo del investigado.
Otras diligencias
Entre otras diligencias que se deberán ejecutar en las próximas horas hay una que involucró al Ministerio de Salud (Minsal) de Chile. El fiscal Cooper ofició a este ministerio para que envíe todos los registros y antecedentes del paso de Rojas Vade como usuario del sistema público de salud.
A lo anterior también se sumó la investigación de posibles delitos por la realización de rifas y de solicitudes económicas para costear el tratamiento del supuesto cáncer de Rojas Vade. Esto último podría constituir el escenario de una eventual estafa.
El falso cáncer de Rojas Vade incluso tuvo eco en el Parlamento nacional, en donde un grupo de diputados presentaron un proyecto para agregar causales de renuncia que se apliquen a los convencionales como a los parlamentarios.
Finalmente, en caso que se confirme el delito de perjurio el sistema judicial chileno contempla una pena que va de los 61 días a los 3 años de presidio.
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