La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha tildado este martes las sanciones emitidas contra dirigentes nicaragüenses responsables del deterioro democrático y la represión contra la oposición por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos de “pandemia de agresiones”.
“Le llaman sanciones pero son agresiones, porque quién ha facultado a alguien para establecer ese castigo (...), cuando agreden porque los pueblos son valientes”, ha dicho en un discurso recogido por ‘La Prensa’.
A principios de mes, los Veintisiete adoptaron nuevas sanciones contra ocho mandatarios del país, incluida la propia Murillo; el presidente de la Asamblea, Gustavo Eduardo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido de Romero, y el dirigente de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle.
Esta medida se unió a las sanciones que Estados Unidos ya impuso a cuatro miembros del régimen del dictador nicaragüense, Daniel Ortega, a principios de junio.
LA FISCALÍA AMPLIA ACUSACIONES CONTRA OPOSITORES
La Fiscalía de Nicaragua ha informado este martes de que ha ampliado las acusaciones contra la opositora y precandidata Cristiana Chamorro “por el delito de apropiación y retención indebida”.
Desde principios de junio, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario por una investigación de supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de su fundación. Ahora, se suma un nuevo delito.
La investigación involucra no solo a Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), sino también a una serie de personas relacionadas con una docena de medios de comunicación que hace oposición al régimen de Ortega, por la supuesta violación de la ley de 2018 contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado, el organismo también ha indicado que ha acusado al hermano de la detenida y director de ‘Confidencial’, Carlos Chamorro, y ha ordenado su detención.
El periodista anunció que abandonaba Nicaragua un día después de que la Policía allanase su vivienda en medio de numerosas detenciones de opositores y a meses de que se celebren las elecciones en el país previstas para el próximo 7 de noviembre.
Ortega fue reelegido dos veces en 2011 y 2016 tras una reforma constitucional que le permitió presentarse a nuevos mandatos, y ahora se presenta para un cuarto mandato.
Sin embargo, la oposición y la comunidad internacional lo han acusado de llevar a cabo una brutal represión contra disidentes y manifestantes, especialmente en 2018, cuando murieron más de 300 personas y miles abandonaron el país, según datos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, y por haber ordenado la detención en los últimos meses de una treintena de precandidatos, periodistas y activistas.
(Con información de Europa Press)
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