Leonidas Iza, presidente de la más grande federación de pueblos indígenas del Ecuador, CONAIE, aseguró su intención de sostener conversaciones con el presidente Guillermo Lasso antes de que los precios de los combustibles se ajusten, nuevamente, el 11 de septiembre, una medida en vigencia desde que el gobierno del presidente Lenín Moreno decretara la liberalización de los precios de las gasolinas.
Sin embargo, Iza amenazó con que, si no llegara a suceder de esta manera, seguirá manteniendo “una reacción negativa”. Calificó la primera invitación al diálogo del presidente Guillermo Lasso, por su tono severo, como una “provocación”. Después, en un comunicado, la CONAIE manifestó que apelaría el derecho a la resistencia reconocido en la Constitución ecuatoriana para los casos de potenciales violaciones a los derechos fundamentales.
Iza se refiere a la capacidad del movimiento indígena de llenar las calles y que paralizó las ciudades del Ecuador, incluso Quito, la capital, durante los 11 días consecutivos en el mes de octubre de 2019. La historia de Ecuador desde la restauración de la democracia en 1978 no recuerda protestas más violentas y masivas. Este antecedente alienta a Iza a asumir posiciones más radicales y desafiantes ante el jefe del Ejecutivo de Ecuador, aunque aún no se ha comprobado que las protestas masivas de la ocasión, las actuales bases o dirigentes realmente respondan a los llamados planteados por su actual dirigencia.
El presidente Guillermo Lasso convocó a la CONAIE para dialogar el 20 de agosto, pero el movimiento indígena primero anunció que su organización y los otros seis grupos que integran el denominado Parlamento de los Pueblos no participarían de la invitación del mandatario porque esperaban celebrarla otro día, debido a las dificultades que representa considerar los diversos criterios de sus bases. Luego se ofrecieron a enviar un comité para reunirse con representantes del gobierno. Finalmente, los dirigentes políticos no asistieron a la cita argumentando que apenas les dieron 24 horas para prepararse. De esta reunión no se consiguió nada concreto, confirmaron sus asistentes.
Iza cuestiona constantemente a Lasso por defender las políticas del expresidente Lenín Moreno, al mantener vigentes tres decretos ejecutivos que se expidieron durante el gobierno anterior y que liberaron los precios de los derivados del petróleo como consecuencia de la aplicación un sistema de bandas que establece precios mínimos y máximos según los mercados internacionales. “La focalización no resuelve nada, eso es una política de bonos, hay que sostener una política de subsidios. Si queremos cambiar, debe haber una planificación”, dijo el líder indígena. Ecuador mantiene una política de subsidios a los combustibles hace más de 45 años consecutivos, lo que le representa 6 mil millones de dólares anuales para financiar a la segunda gasolina más barata de la subregión.
Según Leonidas Iza, el presidente Lasso tiene dos opciones: escuchar sus demandas o enfrentar protestas en las calles.
De acuerdo con el aviso de la Agencia Reguladora y de Control de Energía y Recursos Naturales y Renovables y no renovables, debido al ajuste del mercado internacional, a partir del 12 de cada mes, las gasolineras de Ecuador aplicarán un nuevo precio de referencia a los combustibles. En este proceso de actualización de precios se aplicó un sistema de banda de frecuencia móvil, lo que permitió que el costo de estos derivados fluctuara un 5% con respecto al monto del mes anterior.
Según lo establecido por el expresidente Lenín Moreno, y su política de precios de los combustibles incluida en el Decreto No. 1054 de mayo de 2020, el mecanismo se implementa mensualmente y de forma gradual. Esta es la principal crítica de Iza al presidente Lasso, quien mantiene la decisión del gobierno anterior ahora en su presidencia.
El diálogo entre el Gobierno Nacional y los sectores indígenas arranca de demandas sobre políticas de estímulo al empleo, congelamiento de los precios a los combustibles, subsidios agrícolas, moratoria a los créditos contraídos por los agricultores, y pago de los sueldos incrementados por la ley a los maestros. Esas son algunas de las consignas articuladas en torno a la marcha nacional que estaba programada para el 11 de agosto pero que ha sido constantemente postergada.
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