Estados Unidos le prohibió el ingreso a 50 ciudadanos nicaragüenses vinculados a la dictadura de Daniel Ortega

El Departamento de Estado señaló que está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas a cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen a las instituciones democráticas

Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)
Daniel Ortega (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Estados Unidos impuso este viernes restricciones de visa a 50 familiares directos de legisladores, fiscales y jueces de Nicaragua vinculados al régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, denunciando el arresto de una treintena de opositores.

“Como demuestran estas medidas, Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas a cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Luego recordó la ola de detenciones de la dictadura sobre decenas de opositores, muchos de ellos candidatos a la Presidencia.

El Departamento de Estado no proporcionó una lista de los funcionarios afectados, y en julio, un portavoz dijo a la agencia de noticias Efe que no podía identificar a quienes habían perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, según la ley de Estados Unidos.

El comunicado salió el mismo día en que el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley “Renacer”, apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones “libres y justas” en Nicaragua.

Así lo informó este viernes uno de los promotores de esta propuesta, el senador demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de EEUU, Bob Menéndez.

En un comunicado, dicho comité legislativo explicó que la propuesta sirve para aumentar de forma drástica el compromiso diplomático de EEUU frente a las “tácticas represivas” de Ortega para intimidar y arrestar a los candidatos opositores a los comicios del 7 de noviembre.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, algunos de los políticos arrestados (Archivo)
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, algunos de los políticos arrestados (Archivo)

El llamado proyecto de ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

Asimismo, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la Unión Europea, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta).

La iniciativa sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.

Otros puntos de la propuesta están centrados en los lazos entre Rusia y Nicaragua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables.

Renacer fue presentado en marzo pasado por legisladores de los ambos partidos de EEUU, liderados por Menéndez y el senador republicano Marco Rubio.

En el actual proceso electoral, las autoridades de Nicaragua han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

El Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios de Ortega, también ha cancelado la personalidad jurídica de dos partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, que estableció un mayor control en la estructura de los comicios a favor de los sandinistas.

Ortega, un ex guerrillero septuagenario, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones generales del 7 de noviembre.

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