La Justicia de Bolivia extendió por seis meses más la detención preventiva de la ex presidenta interina Jeanine Áñez

La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) estará por lo menos un año en prisión luego de que este martes un juez extendiera la detención preventiva por seis meses más, a una semana de que la ex mandataria complete cinco meses recluida en un penal en La Paz.

La ex jefa de Estado repudió la decisión de la Justicia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: “Dividen un proceso para prolongar la detención de Jeanine Añez. Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías”.

“Sin Justicia en Bolivia no hay democracia”, agregó.

La ex mandataria transitoria fue aprehendida el pasado 6 de marzo en su residencia en el departamento amazónico del Beni y es acusada de sedición y terrorismo en el marco del caso conocido como “golpe de Estado” durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.

Semanas atrás Áñez solicitó una audiencia con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Solicito respetuosa y encarecidamente una audiencia, para que mi hija, Carolina Ribera Áñez, participe en representación mía”, señaló en una carta enviada a la ex presidenta chilena, argumentando su situación de reclusión por más de cuatro meses como impedimento para concretar un encuentro personal.

En la carta, la ex mandataria interina expuso la acusación en su contra de “ser autora de un supuesto golpe de Estado” pero que en realidad los delitos por los que se la acusa “no han sido demostrados” y que su encarcelamiento es parte de “una decisión política” del presidente boliviano, Luis Arce.

En el texto recalca que el 12 de noviembre de 2019 asumió la Presidencia en medio de una “convulsión social” y un “vacío de poder” que se originó por la renuncia de las principales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo nacionales.

Áñez, detenida preventivamente en una cárcel en La Paz por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración, también hace referencia a las condiciones de su reclusión y su situación de salud.

En la carta sostiene que estuvo “incomunicada” de sus familiares, que sufrió una depresión “que activó una hipertensión arterial prevalente”, también que enfermó de los riñones y que su petición de recibir atención médica fuera del penal “fue sistemáticamente negada”.

También alerta de que “sigue latente el peligro de que sufra un accidente cardiovascular o paro cardíaco” debido a la hipertensión que padece.

En el escrito, Áñez indica que la versión de un “golpe de Estado” es “falsa” y que “cada día se va desmoronando”.

La ex presidenta interina menciona a Bachelet que en caso de que se concrete esa audiencia en la que estará representada por su hija podrá “demostrar documentalmente” todo lo que menciona, además, de las razones por las que debe ser puesta en libertad.

El fiscal de Bolivia, Juan Lanchipa, admitió a principios de julio una demanda contra Áñez y ha iniciado una investigación por delitos de “genocidio, lesiones y muertes” en las protestas postelectorales de 2019 en Sacaba y Senkata.

La demanda ha sido presentada por un grupo de víctimas y familiares según ha indicado el director del Servicio de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) dependiente del Ministerio de Justicia del país, Tito Tornero.

“Queremos comunicar de manera pública que la anterior semana se presentó una demanda en contra de Jeanine Añez Chávez por los hechos acaecidos en 2019 (...) Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”, ha dicho Tornero según un comunicado del Ministerio de Justicia.

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