La seguridad social ecuatoriana está en problemas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se está quedando sin fondos para poder pagar las pensiones, los seguros y dar cobertura en salud a sus afiliados. La crisis empezó a sentirse en el 2015, durante el gobierno de Rafael Correa. Las decisiones políticas han sido determinantes.
Actualmente, el Estado le debe a la seguridad social más de USD 16.000.000.000. Sin embargo, no hay un convenio de pagos definido. Además, uno de los problemas del IESS es que los gastos que debe realizar superan los aportes de sus afiliados en más de un 50 %. Lo que significa que constantemente tiene un déficit de caja –es decir que gasta más de lo que ingresa a sus arcas. Eso genera que el IESS deba recurrir a su banco (BIESS) y utilizar los fondos, que deberían ser capitalizados, para pagar los gastos recurrentes como las pensiones.
Los déficits de caja iniciaron desde el 2014 y lo que aportaron los afilados no alcanzó para pagar a los jubilados y a otros beneficiarios. En el 2020, el IESS recibió USD 2.400.000.000 en aportes, pero los pagos fueron de USD 4.300.000.000, es decir que hubo un déficit de USD 1.900.000.000, se calcula que, para el 2025, ese déficit se duplique y alcance los USD 2.800.000.000.
Las decisiones, más políticas que técnicas, tomadas durante el gobierno de Rafael Correa le habrían costado al IESS, según sus autoridades, una pérdida de USD 8.900.000.000. Dos decisiones fueron las que provocaron la crisis.
La primera decisión se refiere a la eliminación del aporte del 40 % del Estado para el pago de pensiones. La segunda, que afectó al fondo de salud del IESS, se refiere a la inclusión desde el 2010 de la atención médica a los hijos menores de edad de los afiliados. Esta decisión, aunque popular, no contó con financiamiento. El fondo de salud, además, se ha visto afectado por la pandemia.
La atención de salud para los hijos de los afiliados, se ha convertido en un problema para los siguientes gobiernos y sus autoridades, que no se arriesgan a exigir una contribución adicional para financiar las atenciones de los menores de edad, porque hacerlo sería impopular. Los menores de edad representan el 30% de las personas cubiertas por salud en el IESS, según una evaluación de la Organización Internacional del Trabajo, de abril del 2020.
El gobierno de Guillermo Lasso, a través de su delegado en el directorio del IESS, de las reformas legislativas y del pago del aporte del Estado a la seguridad social y de la deuda, deberá contener la situación de la seguridad social.
Patricia Borja, abogada y experta en seguridad social, explica que los incumplimientos de pago por parte del Estado generan una gran afectación al derecho de los ciudadanos a la seguridad social. Ella se refiere a los estudios realizados por la OIT y el Banco Mundial, que indican que si no se toman las medidas necesarias, desde el 2022 habrá serias complicaciones para continuar pagando las pensiones de sus jubilados. “La reserva podría agotarse, Entonces ya no habría recursos en el fondo de pensiones del IESS para poder financiar las prestaciones” dice.
Lo anterior no solo afectaría a los actuales pensionistas, sino a los trabajadores jóvenes que ahora aportan a la seguridad social. Los escenarios adversos –explica Borja– incluyen que “no se garantice el derecho a la seguridad social de las generaciones futuras”.
Para la experta hay algunas acciones que deben hacerse cuanto antes para mejorar la situación del IESS y enfatiza en que “ojalá exista la voluntad política”, para realizarlas. La primera sería, indica Borja, determinar el monto de la deuda del estado con el fondo de salud y establecer un calendario de pagos.
Una decisión, necesaria y técnica, es que se cobre una prima a los afiliados para cubrir las atenciones en salud de los hijos menores de edad. “Es importante que se tome una decisión, aunque es una medida impopular”, dice Borja.
Otra de las decisiones, será analizar la situación de talento humano, “porque hay cargos que se han creado sin sustento técnico”, según lo dijo un exfuncionario. Otro de los retos será la expedición de una nueva Ley de Seguridad Social. La actual, según Borja, tiene muchas deficiencias y es “una ley preconstitucional”.
Borja explica que “el IESS debe ser una institución sostenible financieramente y eficiente administrativamente”, pero actualmente no es ninguna de ambas.
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