Las deudas con la comunidad LGBTIQ+ de Ecuador que Guillermo Lasso deberá saldar

Ecuador goza de una Constitución garantista, llena de derechos, libertades, garantías, avances y progresismo, pero en la práctica no se han generado políticas públicas de inclusión para la población LGBTIQ+.

Infobae entrevistó a tres expertos y activistas por los derechos de las comunidades diversas y todos coincidieron lo mismo: que ha sido la sociedad civil la que ha conseguido el reconocimiento de la igualdad formal, que en el establecimiento de los derechos en favor de las minorías no es suficiente, y que es necesario avanzar a la instalación de políticas de gobierno que faciliten el ejercicio de los derechos de la comunidad.

El 24 de mayo tomó posesión en el cargo de Presidente de la República del Ecuador el ex banquero Guillermo Lasso, un empresario exitoso, católico practicante, asociado con la derecha liberal y conservador en términos morales. Durante su trayectoria pública se ha mostrado escéptico frente a la progresividad en materia de derechos a favor de la comunidad LGBTIQ+ e incluso muy poco liberal frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Un giro dramático se produjo a partir del 7 de febrero, cuando se confirmó que Lasso estaría en el balotaje presidencial. Un nuevo Guillermo Lasso apareció en la escena política. Se notaba a alguien más centrado, menos conservador, más progresista en materia de derechos y más inclusivo en la construcción de un nuevo concepto de administración pública.

La opinión pública creyó que se trataba de un cambio estético y estratégico. Pero tras ser proclamado como el ganador del balotaje nuevamente sorprendió cuando expidió un comunicado en el que aseguraba favorecer la separación de los poderes y el Estado laico frente a una sentencia expedida por la Corte Constitucional del Ecuador ordenando la legalización del aborto por violación.

En el día de su posesión, Guillermo Lasso volvió a sorprender con un discurso que prometía la instalación de un gobierno republicano y liberal en términos políticos. Se comprometió con las luchas de las mujeres violentadas, de los niños sin alimentación, de los jóvenes sin empleo y de los jubilados sin seguridad social. Pero no habló de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos del gobierno de Guillermo Lasso frente a esta comunidad?

Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Equidad; Pamela Troya, activista y vocera de la Fundación Acción Igualitaria; Danilo Manzano, director ejecutivo de la Fundación Diálogo Diverso. Todos son representantes de organizaciones que promueven la veeduría en derechos de las minorías sexuales y accedieron a ofrecer sus interpretaciones sobre lo que les espera al recientemente instalado Gobierno del Ecuador en áreas poco convencionales en una cultura profundamente conservadora.

Expectativas sobre el nuevo gobierno

“Vamos a concederle el beneficio de la duda”, fue lo primero que dijo Efraín Soria al ser preguntado. Agregó que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento expreso sobre los compromisos asumidos, pero que, sin embargo, “han pasado pocos días desde la instalación del nuevo gobierno” dijo que “vamos a esperar a que cumpla con sus compromisos”.

Danilo Manzano fue más escéptico. Afirmó que “para hablar de un gobierno del encuentro hay que considerar que la sociedad es diversa”. Para Manzano no es suficiente con hacer el reconocimiento en un discurso de posesión sin mirar a la sociedad como un fenómeno con necesidades interseccionales. “Hay igualdad de derechos, pero con base en las necesidades específicas de las personas”, sentenció. Esto significa que los derechos humanos deben atravesar transversalmente las decisiones de los órganos del poder público.

Deudas del Estado con la comunidad LGBTIQ+

“Ecuador tiene casi el 100% de la igualdad formal en la ley”, dice Efraín Soria, sin embargo, agrega que esta igualdad debe traducirse en políticas públicas. Esto quiere decir que las instituciones deben sensibilizarse sobre la atención a las poblaciones LGBTI. Por ejemplo, los crímenes de odio, de estigma y de discriminación se mantienen todavía. Esto significa que no hay un sistema de registro de los crímenes de este tipo, explica Soria.

“La Fiscalía del Estado, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo no tienen un registro ni políticas de atención para las víctimas de estos crímenes”, agrega Soria. Además los únicos que registran estos delitos son las organizaciones de la sociedad civil, se lamenta.

Pamela Troya asegura que parte del programa del Gobierno de Guillermo Lasso, obtenido de la Fundación Ecuador Libre, se compromete a capacitar a la Policía Nacional para el trato de delitos cometidos en contra de la población LGBTI, lo que ya constituye un avance.

Otros dos temas importantes para Troya consisten en la contención a la violencia intragénero que debería tratarse en la ley para prevenir la violencia en contra de las mujeres en 2018 y establecer consecuencias para aquellas parejas del mismo género se violenten. Otra deuda es lograr que se visibilice y se incluya en la Ley contra la violencia hacia las mujeres que se aprobó en 2018 en la Asamblea, también la lucha contra la violencia a la población LGBTI, y que también se visibilice la violencia intragénero (entre parejas del mismo sexo) y se determinen los protocolos y rutas de atención. “Pero esto no se dio y quedamos fuera de esa Ley”, dice Troya, que además recalca la necesidad de que exista una Ley de Identidad Trans.

Sin embargo, no existe una política pública para garantizar los derechos de las minorías sexuales, afirma Danilo Manzano. Sentencia “no queremos más derechos, queremos los mismos derechos de todos, y que su acceso se produzca en igualdad de condiciones”. Manzano ofrece algunos ejemplos: existen deudas en el acceso al empleo, a la educación, a la vivienda digna, a la salud, al seguro social.

Los avances en materia de protección y promoción han evolucionado por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, dicen los tres activistas. Estos avances deben complementarse con políticas públicas específicas para entonces empezar a hablar de inclusión, de encuentro y de nuevas oportunidades. Una vez creadas las políticas públicas, el Estado deberá comprometer recursos económicos e institucionales para garantizar estos derechos. Manzano coincide con los demás entrevistados: “aunque el Ecuador tiene una constitución garantista, los derechos de las personas GLBTI se mantienen en la precariedad sobre todo de aquellas personas que sujetas de discriminación sistemática, especialmente en la educación, salud y empleo”.

Adopción homoparental

La Constitución del Ecuador prohíbe de forma expresa que una pareja integrada por personas del mismo género puedan adoptar. Sobre esto, Efraín Soria sostiene que este “candado constitucional” debe ser desbaratado en materia de adopción homoparental. “No es justo que por cuestiones moralistas estereotipadas o por los prejuicios de la gente, se prive a los niños de tener de tener un hogar” argumenta Soria. Agrega que “este derecho debe garantizarse por el interés superior del niño a tener una familia”.

“Las parejas del mismo sexo, a diferencia de las parejas heterosexuales, para tener un hijo, reflexionan mucho más sobre sus posibilidades, retos y responsabilidades que se asumen”, dice Soria. Tanto Efraín Soria como Danilo Manzano coinciden en que las personas LGBTI son padres más responsables porque planifican su paternidad y maternidad. Manzano agrega que de la misma forma como se aprobó que las personas puedan acceder, en igualdad de condiciones, al derecho al matrimonio civil, de la misma forma debe contemplarse la igualdad de los derechos de las personas del mismo género que deseen ampliar su familia a través de la familia a adoptar. En palabras de Manzano, que no fueran motivo de coincidencia en este punto con Soria, se propone que las personas GLBTI tengan el mismo derecho, igual que las personas heterosexuales, a la adopción.

Para Pamela Troya, esta es una necesidad que incluso permitiría a “los más de 3 mil niños, niñas y adolescentes huérfanos que se encuentran en casas de acogida que pueden tener un hogar en parejas homoparentales”. Troya y Soria coinciden en que se trata del derecho superior del niño, niña o adolescente a tener una familia, un hogar y una identidad.

Niñez trans en Ecuador

Troya recuerda que hay dos sentencias de la Corte Constitucional con obligaciones de legislación para la Asamblea Nacional. “En el lapso de un año debía legislarse a favor de Bruno Paolo, un hombre trans que consiguió que se reformara la Ley de Datos Civiles y Gestión de la Identidad”, pero desde entonces el órgano legislativo ha ignorado la orden de la justicia constitucional, lo que podría acarrear la destitución de los miembros del parlamento ecuatoriano. La sentencia de la Corte Constitucional reconoce el derecho al goce de una identidad personal y a su inscripción sin ninguna demostración frente a la. Esto sucedió en el 2018 y no se han dado pasos en firme al respecto.

Efraín Soria enfatiza en la urgencia de generar políticas públicas que garanticen la transición que vive la niñez trans en el aspecto social, biológico y educativo para que la administración pública disponga de un protocolo médico, educativo y psicológico de acompañamiento a los niños y a sus familias.

Otra sentencia emblemática es la del caso Satya, de mayo de 2018, que ordena a la Asamblea a hacer reformas en los casos de gestación subrogada, para el registro de padres y madres asistidos por mecanismos de maternidad asistida, explica Troya.

Danilo Manzano añade que “desde el Estado se debe trabajar en la desmitificación de la niñez trans, a través de una educación basada en la ciencia y no en las ideologías religiosas”. Agrega que el Estado debe comprender que parte de la diversidad supone la libertad en la espiritualidad de las personas pero que los derechos y las garantías no pueden subordinarse a los dogmas religiosos que limitan el reconocimiento pleno de las familias diversas, el acceso a la adopción de parejas del mismo género y la existencia de las personas GLBTI en un ámbito intergeneracional e interseccional.

Otras asignaturas pendientes

“Vamos a mantenernos atentos”, asegura Efraín Soria. Según el activista se espera que las iniciativas nazcan del Ejecutivo. Sin embargo, si no fuera así, las organizaciones de la sociedad civil volverán a tomar la iniciativa para presionar, protestar y trabajar en informes que evalúen la situación de los Derechos Humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Soria afirma que “ahora mismo el Estado debe trabajar en el proceso EPU, que es el Examen Periódico Universal en donde el gobierno deberá informar sobre el avance en materia de compromisos con las comunidades LGBTI”.

Pamela Troya reconoce que no puede compararse la situación actual con el contexto de hace 10 o 20 años. Recién en 1997 hubo un fallo judicial que modificó el Código Penal para despenalizar la homosexualidad. Desde entonces la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario ha sido una constante que se alcanzó en el 2019. Troya explica que uno de los avances fue cuando, en el 2015, los colectivos lograron que la unión de hecho sea considerada como el quinto estado civil de tal forma que ya no apelen las notarías a las objeciones de conciencia para no inscribir las uniones de hecho, como sucedía antes de estas reformas al código civil.  Sin embargo, la activista aclara que hay una debilidad en la unión de hecho, que en principio garantiza los mismos derechos que un matrimonio, puesto que si alguien unido de hecho con una persona se casa con otra persona, estando en unión de hecho con la primera, esa unión de hecho queda inmediatamente disuelta sin pasar por una separación legal.

Finalmente, Guillermo Lasso habla del Ecuador del encuentro sin mencionar en su discurso de posesión a la comunidad GLBTIQ+, menciona Danilo Manzano. Cualquier reconocimiento parte de la visibilización de estos sectores que buscan un encuentro dialogante, no impositivo. Para Manzano, durante los últimos años, independientemente de las ideologías de los gobiernos de turno, han sido muy poco los avances progresivos, sino que los avances han correspondido a las luchas de la sociedad civil que ha sido el auténtico espacio de encuentro. Si Guillermo Lasso quiere encontrarse con las diversidades, tendrá que hacerlo en las necesidades en la gente y el diálogo con los sectores más amplios.

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