El titular de los Carabineros de Chile fue indagado en la causa que lo tiene imputado por delitos de lesa humanidad durante el estallido social

Ricardo Yáñez, la máxima autoridad de Carabineros en Chile, enfrentó a la justicia el miércoles por su presunta participación en delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social en Chile, en octubre del 2019. En ese entonces, el ahora imputado se desempeñaba en el cargo de Jefe Nacional de la Dirección de Orden Público al interior de esta policía uniformada.

Su declaración se llevó a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía Regional de Valparaíso ante la fiscal Claudia Perivancich.

El funcionario acudió junto a su abogado, Jorge Martínez. Martínez y a Camila Motta, quien lidera las defensa del Alto Mando de Carabineros.

Perivancich lleva adelante la investigación penal desde enero de 2020 y busca determinar presuntas responsabilidades de las principales autoridades de gobierno en ese entonces, luego que se presentaran 20 querellas que los acusaron de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la crisis social, considerada como la más grande desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre los investigados por la fiscalía se encuentran también el Presidente Sebastián Piñera, los exministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas. Todos menos Piñera se han presentado ante la justicia.

Tras la declaración de Yáñez, su abogado Jorge Martínez aseguró que “buscó aportar todos los antecedentes que demuestren que no existió ninguna conducta de Carabineros contraria a los derechos humanos de los chilenos y de las personas que se manifestaban pacíficamente en las distintas ciudades del país”.

Hasta este 2021, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de las 2.834 querellas presentadas por todos los hechos ocurridos en las protestas chilenas del 2019, solo se registran 42 causas formalizadas (1,5%) y de esas causas más del 50% de estas han tenido una demora superior a 362 días.

Además, en octubre del 2020, cuando se cumplió un año del estallido social, se dieron a conocer las cifras totales de muertes y lesiones oculares durante los enfrentamientos: 33 personas fallecieron y 460 sufrieron lesiones en sus ojos, hecho que motivó fuertes críticas al accionar de las fuerzas de seguridad. En tanto, 25 estaciones del Metro fueron incendiadas y se presentaron más de 2.000 denuncias contra Carabineros.

Informes internacionales alertan “impunidad”

El gobierno de los Estados Unidos publicó el 30 de marzo un informe en el que aseguró que, debido a “lentitud y el escaso número de enjuiciamientos en relación con el número de acusaciones derivadas del malestar social”, se generó la “percepción” de que los acusados de abusos “no enfrentaban una responsabilidad efectiva”.

El texto indica a su vez que la “impunidad era un problema en las fuerzas de seguridad, especialmente en Carabineros”, y que a pesar de las investigaciones realizadas por el INDH, la Policía de Investigaciones y los fiscales, “los cierres de tribunales y las demoras debido a la pandemia de covid-19 retrasaron las investigaciones”.

Este miércoles también se volvió a pronunciar sobre los hechos Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional en Chile, quien dijo que el gobierno chileno sufre de “sordera” y que quienes se manifestaron en octubre del 2019 se encontraron con “una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías”.

Esta “sordera”, según Ana Piquer, provoca que el gobierno chileno actúe “como si nada pasara”.

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