La historia de Fabiola Campillay estremeció a todo Chile. Tuvo lugar el 26 de Noviembre de 2019, en el marco del estallido social del país andino. Fabiola se preparó como todos los días para dirigirse a su trabajo, desde su casa en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana. Cuando salió de su casa, un piquete de la policía militar chilena se acercó hasta donde ella esperaba un bus, momento en el cual uno de los uniformados, sin mediar provocación alguna como consta en la investigación, le disparó desde una distancia próxima una bomba lacrimógena que impactó de lleno en el rostro.
El ataque le produjo a fabiola una ceguera total y, desde entonces, diversos problemas asociados a la pérdida de sus ojos. De hecho, hace poco más de dos meses, tuvo que ser intervenida de urgencia nuevamente por complicaciones derivadas del golpe en su rostro.
Desde entonces ha transcurrido un año. Durante estos meses, Fabiola ha tenido que acostumbrarse a vivir una nueva vida que, dice ha sido sostenida únicamente por marido y familia. Es decir, no recibió compensación alguna por parte de las autoridades de gobierno ni de Carabineros.
“Para mi no ha habido justicia. Tampoco un llamado, al menos, de alguno de los miembros del alto mando de Carabineros que se haya dispuesto a acercarse. Por mi parte, estoy tratando de salir adelante sola, con mi familia. Pero aquí no ha habido interés de nadie, ni del gobierno”, señala.
Meses atrás fue revelado un video en el que se observa la acción policial y se escucha como un efectivo pregunta a al capitán Patricio Maturana Ojeda “¿se la piteó verdad?”. La frase coloquial, de tono despectivo, se interpreta como “¿la mató, verdad?”.
La investigación de la fiscalía decretó prisión preventiva para el policía acusado de haber disparado el bote de gas contra Fabiola. Claudio Ortega, el juez de garantía a cargo de las indagaciones, consideró que Patricio Maturana, debía ser considerado un “peligro para la sociedad”.
La investigación que hizo la propia institución de Carabineros, por su parte, estableció que dos funcionarios de sus filas fueran dados de baja. Al que no es Maturana se le atribuye se acreditó que, pese a que tomó conocimiento de que existía una lesionada, “no desplegó iniciativa alguna, además de declarar hechos contradictorios sobre lo ocurrido”.
Tras permanecer 90 días en prisión, la defensa del capitán Ojeda logró que se le indicara arresto domiciliario, algo que a juicio de la afectada, representa la escasa voluntad de la justicia, el Gobierno y las autoridades policiales por hacer justicia por la agresión.
Al respecto, Campillary dijo que “es necesario que se haga justicia contra este Carabinero que me atacó”. “No dejándolo en su casa, con arresto domiciliario, no. Él debe cumplir una condena, para que nunca más vuelva a pasar que alguien, desde el poder que tiene, se tome la atribución de cometer algo tan terrible como lo que hizo conmigo”, advierte Fabiola.
Se proyecta volver a trabajar, para eso está tomando un curso de computación. Fabiola ha vuelto a sonreír gracias al incondicional apoyo de su marido, Marco, y a sus tres hijos e hijas. Su familia, ha sido la razón para poder volver a ponerse de pie. “Quiero volver a trabajar y volver a hacer las cosas que hacía”.
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