El gobierno de Bolivia se comprometió este lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a darle acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas, la Policía y la justicia para su investigación sobre la violencia política del año pasado que dejó unos 35 muertos.
“Es un compromiso del gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía y de todos los órganos de la justicia y del Ministerio Público sean accesibles para su trabajo”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima, en un acto publico que dio inicio al trabajo de la CIDH.
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El ministro afirmó que el gobierno garantizará “de forma absoluta su independencia” y el acceso a toda la información requerida sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.
Bolivia fue a elecciones en octubre de ese año, con las que Morales, en el poder desde 2006, intentaba lograr un cuarto mandato hasta 2025. Tras su victoria, los comicios fueron denunciados como fraudulentos y se encendieron protestas en todo el país.
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Los policías se amotinaron y los militares le quitaron su respaldo a Morales mientras crecía una espiral de violencia, lo que llevó al gobernante izquierdista a dimitir y salir al exilio hacia México y luego hacia Argentina.
Primero se registraron choques callejeros entre opositores y simpatizantes del entonces mandatario Morales y luego entre civiles y fuerzas militares-policiales.
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Entre los acontecimientos más graves se encuentra la muerte de nueve civiles en manifestaciones en Sacaba (Cochabamba, centro) y de otros 10 en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto.
La CIDH desplazó desde este lunes a cinco expertos que trabajarán por un periodo de seis meses.
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Los especialistas conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado luego de un acuerdo firmado entre la CIDH y Bolivia el 12 de diciembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
El presidente de la CIDH, el mexicano Joel Hernández, dijo mediante una videoconferencia que los expertos "son personalidades con una alta calidad moral y un elevado conocimiento técnico en la materia".
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El grupo "podrá hacer recomendaciones" tras sus indagaciones, pero en ningún caso "las sanciones finales nos corresponden a nosotros", dijo Julián Burger, uno de los miembros del GIEI.
(Con información de AFP)
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