La justicia peruana le prohibió salir del país al ex presidente Martín Vizcarra

La justicia peruana dictó este viernes la prohibición de salir del país al ex presidente Martín Vizcarra. La decisión, tomada por la jueza María Álvarez, tendrá una duración de 18 meses y se produce en el marco de la causa de corrupción por la cual el Congreso nacional lo destituyó el pasado lunes, catalizando una nueva crisis política en un país que ha tenido tres mandatarios distintos a lo largo del presente período presidencial.

Vizcarra, quien ha sido reemplazado por el congresista Manuel Merino, ha rechazado las alegaciones y cuestionado la legitimidad de la nueva administración. En distintas declaraciones públicas ha llamado a sus seguidores a manifestarse en las calles, algo que ha sucedido durante los últimos días.

“La legalidad está en cuestión y la legitimidad, que la da el pueblo, la estamos viendo en las calles” con las manifestaciones contra Merino, dijo Vizcarra a periodistas al ingresar a la fiscalía a declarar sobre la causa en la que ha sido acusado de recibir sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014.

Efectivamente han tenido lugar numerosas manifestaciones contra la destitución durante los últimos días en el país sudamericano. Miles de personas marcharon durante los últimos días en Lima y otras ciudades para expresar su oposición al nuevo gobierno.

Un grupo que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la policía con gases lacrimógenos y perdigones. Los manifestantes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los policías. Se reportaron algunos manifestantes, periodistas y policías heridos luego de los enfrentamientos.

La policía acordonó con decenas de efectivos antidisturbios los alrededores del Congreso y del palacio de gobierno, mientras los manifestantes marchaban pacíficamente. Marchas similares se desarrollaron al caer la noche en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Abancay, Tacna, Huancayo y Tumbes, entre otras, según medios locales.

Merino hizo este jueves un llamado a la calma y organizaciones de derechos humanos han pedido a las nuevas autoridades peruanas que respeten el derecho a la protesta, condenando a la vez la represión de las manifestaciones.

En paralelo, el Tribunal Constitucional peruano anunció que revisará el próximo miércoles 18 de noviembre la denuncia contra el ex presidente. El anuncio tiene lugar pocos días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitara al máximo tribunal que se pronunciara sobre la decisión.

La Secretaría General de la OEA reiteró que el TC debe “pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas” y sobre “las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos” en Perú.

Expresó, además, su “profunda preocupación” porque esta “nueva crisis política en Perú” se produzca a cinco meses de la celebración de elecciones generales y advirtió que “en esta compleja coyuntura, los actores políticos son responsables de asegurar el funcionamiento democrático por el bien del país”.

Ahora, de acuerdo con el procedimiento, el tribunal que preside la magistrada Marianella Ledesma escuchará los informes orales de los procuradores del Ejecutivo y del Congreso, tras lo cual los tribunos podrán formular sus preguntas.

Ante las críticas que se han lanzado contra el TC por no haber resuelto la demanda del Ejecutivo antes del segundo juicio que afrontó Vizcarra, Ledesma aseguró que este proceso “está sujeto a plazos legales, que no se podían dejar de cumplir”.

“El Congreso hizo uso de esos plazos para contestar, en tanto no se agotan dichos plazos no podemos emitir pronunciamiento alguno”, declaró al diario El Comercio antes de indicar que el Ejecutivo no presentó ninguna otra demanda ni pedido ante el segundo juicio político al que se sometió a Vizcarra.

Por ese motivo, la magistrada agregó que “el TC no podía pronunciarse” sobre el segundo pedido de destitución, aunque manifestó su preocupación por el “ambiente político polarizado” que afronta Perú, donde Merino es rechazado por gran parte de la ciudadanía.

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