Brasil amplió el viernes sus requisitos para las víctimas de violación que deseen abortar, incluyendo una norma que establece que el personal médico debe decirle a la mujer que puede ver el embrión o el feto a través de un ultrasonido.
La nueva normativa publicada por el Ministerio de Salud también estipula que la violación “debe ser denunciada a la policía” independientemente de la voluntad de la mujer, que ésta debe dar a los médicos “un relato detallado” de lo sucedido y que se le debe “advertir expresamente” que puede ser procesada por fraude y aborto ilegal si no puede probar su afirmación.
Brasil sólo permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la mujer o anencefalia por defectos congénitos graves.
Incluso esas excepciones son controvertidas entre la iglesia del país más grande de América Latina, que cuenta con poderosas comunidades católicas y cristianas evangélicas conservadoras.
Las nuevas normas emitidas por el ministro de salud interino Eduardo Pazuello, un general del ejército en servicio activo, se produjeron tras una protesta a principios de este mes por el caso de una niña de 10 años que supuestamente fue violada por su tío y a la que se le negó un aborto en su estado natal, Espirito Santo.
Luego cruzó el país en avión hasta la ciudad nororiental de Recife, donde pudo someterse al procedimiento.
Sin embargo, afuera del hospital se encontró con activistas de derecha y políticos que organizaron una furiosa protesta.
La identidad de la niña y del hospital en el que iba a ser ingresada se informó a los manifestantes en un vídeo publicado en internet por la activista de extrema derecha Sara Winter, una destacada partidaria de Bolsonaro que tiene estrechos vínculos con la Ministra de la Mujer Damares Alves, una pastora evangélica.
El nuevo reglamento del Ministerio de Salud, publicado en la gaceta oficial, provocó una inmediata protesta de los partidarios del derecho al aborto.
“Acabo de presentar un proyecto de ley en el Congreso para bloquear el decreto del Ministerio de Salud de hoy, que es un obstáculo para el aborto legal y constituye una violencia psicológica contra las mujeres”, escribió en Twitter la legisladora y doctora de izquierda Jandira Feghali.
Dieciséis legisladores de la cámara baja, entre ellos Feghali, escribieron una carta a la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instándola a intervenir contra el decreto como un asunto de protección a los derechos de la mujer.
(Con información de AFP)
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