La violación y asesinato de una niña indígena desata la indignación pública por el abuso sexual infantil en Paraguay

Maricel, una niña de 12 años de la etnia guaraní, comunidad de Manduviyu, en el Departamento de Itapuá fue hallada muerta en un maizal el 29 de junio. Murió víctima de una hemorragia aguda tras haber sido violada. El sospechoso es un hombre de 26 años de su mismo pueblo. Con el crimen de Maricel, ya son 5 los casos conocidos de niñas o adolescentes indígenas abusadas en lo que va del año.

Tras la serie de casos alarmantes en los que la violencia sexual contra niñas jóvenes ha culminado en asesinatos y embarazos infantiles, los activistas de derechos humanos en Paraguay han encabezado una ola de indignación pública.

“Es casi como si hubiera un silencio cómplice. Necesitamos formar un acuerdo social entre todos: necesitamos mejorar como sociedad en nuestra protección de los niños y el respeto por sus vidas”, afirmó Aníbal Cabrera, director ejecutivo del Grupo de Coordinación para los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay.

La Articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY) denunció una la clara ausencia de este Estado “al que no le importa la vida de las niñas y mujeres indígenas”: “Nuestro dolor aumenta ante la crueldad a la que fue sometida Maricel, de 12 años, violada y asesinada en los yuyales de Pirapó, Itapúa, y nuestra angustia no tiene consuelo. Las niñas y las mujeres indígenas vivimos brutalidades diarias y a nuestro padecimiento ancestral por todo lo que han vivido nuestras madres y abuelas, agregamos el sufrimiento de lo que hoy está pasando ante nuestros ojos sin que a las autoridades, y a buena parte de la sociedad paraguaya, les importe”.

Bernarda Pessoa, dirigente del pueblo indígena Qom y activista de la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), asegura que no se está haciendo lo suficiente para proteger a las niñas, especialmente a las indígenas.

A principios de este año, varios otros casos de extrema violencia sexual contra niñas indígenas -incluyendo otro asesinato en la capital de Paraguay, Asunción- provocaron una serie de grandes protestas exigiendo justicia. “El Estado hace muy poco”, dijo Pessoa a The Guardian. “Sólo el público en general debate y protesta. Pero después, es como si nada hubiera pasado. Así es como terminan las historias de las muertes de muchos niños indígenas”.

Para Cabrera, en Paraguay hay una “pandemia” de violencia contra las niñas. Su organización informa que cada dos horas se registra un acto de violencia sexual contra menores, y dijo que las cifras se habrían intensificado durante el cierre por Covid-19

Y agregó: “Estamos en una sociedad extremadamente machista y autoritaria que percibe a la niña o al niño como un objeto y no como un sujeto de derechos”. Cabrera explicó que una clara señal de esta violencia sexual es el alto índice de embarazos infantiles en Paraguay.

El 26 de junio, una niña de 11 años dio a luz por cesárea después de ser trasladada apresuradamente desde su casa en la ciudad nororiental de Pedro Juan Caballero a un hospital en la ciudad de Itauguá. La niña, cuyo embarazo fue descrito como de “alto riesgo”, fue denunciada como víctima de abusos sexuales por un niño de 14 años que vivía en la misma residencia, quien ha sido acusado. Se reveló que las autoridades tenían conocimiento de otras cuatro niñas menores de 14 años que estaban embarazadas en la ciudad.

En un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas se afirma que, en promedio, dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz todos los días en el Paraguay. El país tiene una de las tasas más altas de embarazos de niñas y adolescentes de América Latina, una región que, en conjunto, tiene las segundas tasas más altas del mundo.

Este caso reciente recuerda el del embarazo de otra niña de 11 años, que se dio a conocer con el seudónimo de “Mainumby” cuando su caso fue ampliamente difundido por la prensa internacional en 2015, lo que dio lugar a un intenso debate sobre el aborto en el Paraguay. A Mainumby -que fue abusada sexualmente por su padrastro- se le negó la posibilidad de abortar por el Estado, a pesar de las súplicas de su familia y las protestas internacionales.

El aborto sigue siendo ilegal en Paraguay, excepto cuando se considera que la vida de la madre corre peligro, excepción que rara vez se concede según Cabrera. Una mujer fue detenida el 20 de junio acusada de haber convencido a su hija de 14 años, que había sido abusada sexualmente, de interrumpir su embarazo.

Según Cabrera, si bien la educación sexual integral debería ser clave para prevenir la violencia sexual, estaba en gran medida ausente del sistema educativo paraguayo, altamente católico. De hecho, en 2017, el Ministerio de Educación decidió prohibir todo material que se considerara que se refería al nebuloso concepto de “ideología de género”.

Para Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y Juventud para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la región, y en todo el mundo, “persiste la idea de que las niñas y mujeres no tienen el control sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su sexualidad. Estas prácticas nocivas son, a veces, costumbres o tradiciones culturales que provocan daños irreversibles en las niñas”. “Las violaciones de niñas tiene que ver con las prácticas nocivas, producto de una mirada hacia mujeres como mercancía, como objetos sexuales, como mano de obra gratuita”, dijo a DW y explicó la necesidad de la intervención del Estado.

Teresa Martínez, ministra de la infancia y la adolescencia, está de acuerdo con la necesidad de cambiar la política. “La educación sexual integral debe incorporarse con fuerza desde el inicio del sistema educativo”, dijo. Afirmó que su ministerio ha logrado resultados alentadores de un programa piloto de educación sexual para padres. Si bien se habían aprendido lecciones del caso de Mainumby, dijo, “todavía hay un largo camino por recorrer”.

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