El gobierno interino de Bolivia advirtió que vetará una iniciativa legislativa que le otorgaría una amnistía al expresidente Evo Morales, actualmente asilado en México, si es aprobada por el Congreso.
La llamada Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos fue aprobada el viernes por la Cámara de Diputados, dominada por Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Morales- y pasará el Senado, también de mayoría “masista”.
Entre sus disposiciones establece “la tramitación de salvoconductos para personas que tramitan asilo”, lo que podría favorecer al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, refugiado en la embajada de México en La Paz y en contra de quien el gobierno presentó cargos por “terrorismo y sedición”, los mismos que se le atribuyen a Morales por supuestamente promover las protestas que dejaron 35 muertos, según el Defensor del Pueblo.
También regula cómo se llevarán a cabo y resolverán los juicios por delitos potencialmente cometidos por el presidente, el vicepresidente y otras autoridades en el ejercicio de sus funciones y otorga garantías a dirigentes sindicales, muchos de los cuales son investigados por alentar las manifestaciones.
“Esta es una ley de amnistía para Evo Morales, Juan Ramón Quintana, dirigentes y exautoridades del MAS. Es un exceso y un insulto al pueblo boliviano porque lo que buscan es que queden impunes de todos los delitos de terrorismo, de sedición, de organización criminal y de lesa humanidad”, manifestó el diputado por la Unidad Demócrata, Gonzalo Barrientos.
En tanto, la diputada Rose Marie Sandóval anticipó que su partido presentará además un recurso de inconstitucionalidad.
No obstante, las iniciativas parlamentarias destinadas a contrarrestar el proyecto no serán necesarias. La presidenta interina Jeanine Áñez ya había adelantado que no la promulgará si se convierte en ley. “Mi decisión es clara y firme, no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos”, señaló.
Más allá de ello, algunos diputados del MAS buscarán que Eva Copa, presidente de la Cámara de Senadores, igual promulgue la norma. “Esperemos que en el Gobierno cambien de opinión, si no lo hacen de acuerdo a la Constitución Política del Estado, 10 días posteriores a los que tiene el Ejecutivo si no lo realiza el Ejecutivo, lo hará el Legislativo” anunció el diputado del MAS", Lino Cárdenas.
De ser sancionada la ley, Áñez tendrá 10 días para efectivizar el veto, según consigna el artículo 164 de la Constitución. Se espera que la iniciativa llegue al senado en la noche del viernes.
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