La posibilidad de que Venezuela fuese incluida como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU provocó un fuerte rechazo en la comunidad internacional. En ese contexto, el gobierno de Costa Rica se postuló este jueves como alternativa para integrar ese organismo.
“Por las graves violaciones contra los derechos humanos que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Costa Rica se propone como alternativa”, anunció el presidente Carlos Alvarado a través de su cuenta de Twitter.
El ex presidente Oscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) había advertido que, de no aparecer un tercer candidato junto a Brasil y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tendría asegurado su puesto en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU.
El ex mandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018), por su parte, fue muy criticado por haber perdido el puesto en el organismo en 2016.
Tras el anuncio de este jueves, Alvarado recibió un fuerte respaldo de la comunidad internacional. Entre ellos se destaca el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se pronunció a través de Twitter: “Nuestro total apoyo a la candidatura de Costa Rica. Sería inadmisible que ocupen el asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
José Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), también celebró la postulación de Costa Rica.
“¡Gracias Presidente Carlos Alvarado! Todos a apoyar activamente a Costa Rica para impedir que la dictadura de Maduro llegue al Consejo de DDHH de la ONU. Estamos contra el reloj”, indicó el abogado defensor de derechos humanos chileno.
La elección de los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos se desarrollará el próximo 16 de octubre.
El pasado 27 de septiembre, el órgano de la ONU informó el envío de una misión a Venezuela “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.
“La decisión fue adoptada en una resolución en la que señala que los miembros de la misión serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que tiene una duración de un año y que deberán presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo que se celebrará en su 45° período de sesiones”, indicó la ONU en un comunicado.
Por su parte, el organismo expresó su “gran preocupación” por la muerte de seis mil personas desde enero de 2018, y señaló que, según el informe elaborado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, “muchas de esas muertes puedan constituir ejecuciones extrajudiciales”.
El Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades del régimen chavista a poner inmediatamente en libertad “a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad”.
En esa línea, el equipo de trabajo de Bachelet en Venezuela exigió este miércoles la liberación del diputado Juan Requesens.
Los representantes de la ex presidenta chilena en el país caribeño pidieron a la dictadura de Maduro que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” del joven legislador. Asimismo, solicitaron medidas “contra los responsables de la violación de sus derechos”.
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