El alcalde de La Paz y aliado del opositor Carlos Mesa habló con Infobae desde su prisión domiciliaria que le impide hacer campaña en Bolivia

Luis Revilla Herrero, de 47 años, el alcalde de La Paz, acaba de cumplir 17 días con detención domiciliaria, por la que está impedido de realizar campaña proselitista a favor de su aliado Carlos Mesa, uno de los principales adversarios de Evo Morales. Sin embargo, intenta que le suspendan la medida y ya presentó un reclamo internacional de su caso a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Desde enero de este año, la principal autoridad municipal de la ciudad sede de Gobierno y centro político de Bolivia, donde Evo Morales ha resultado imbatible como candidato presidencial, enfrenta al menos una demanda judicial por mes, lo que se percibe por los opositores como una "persecución política" del oficialismo. El alcalde paceño era mencionado hasta el año pasado como un posible candidato presidencial, pero su partido Sol.bo no pudo conseguir la personería jurídica para habilitarse a nivel nacional.

No pasaron ni diez meses desde que Revilla y Mesa anunciaron la alianza Comunidad Ciudadana para las elecciones presidenciales de octubre y el alcalde paceño ha quedado el 23 de agosto pasado con detención domiciliaria por orden de un juez, debido a una denuncia por el deslizamiento del entierro sanitario de la zona de Alpacoma. La medida lo inhabilita para participar en cualquier acto proselitista y le imposibilita desplazarse con libertad, ya que quedó con arraigo (sin derecho a viajar al exterior del país). Sólo puede concurrir a trabajar a la Alcaldía o presentarse en actos municipales.

Además de las restricciones a su libertad, el alcalde paceño ha tenido que ver en las últimas semanas a su esposa Mary Cruz Ribera enfrentarse a instancias judiciales por otra demanda que le siguen a él como autoridad por el programa que ella conduce, llamado Yo Soy Mi Primer Amor, de prevención y combate a la violencia contra la mujer.

"Desde que gané la elección municipal en 2010 tengo decenas de denuncias. Ninguna llegó a juicio por ser infundadas. Este año se presentaron nuevas denuncias en medio del año electoral. Tengo una bebé de cuatro meses y dado el acoso judicial mi esposa está sufriendo pérdida de leche e imposibilidad de dar de lactar. Obviamente que la situación ha afectado nuestra vida personal y familiar de sobre manera. La detención domiciliaria impide que vaya al médico llevando a mi pequeña o incluso que recoja del colegio a mi hija mayor que tiene 13 años. Es una arbitrariedad que afecta a la familia esencialmente. Sin embargo, mi esposa está tratando de realizar sus actividades normales. Nos encontramos muy fortalecidos como pareja y como familia. Hemos recibido una cantidad inimaginable de apoyo y solidaridad", afirmó a Infobae.

Los cuatro juicios más complicados

Luis Revilla fue elegido por primera vez alcalde de La Paz en 2010 y en 2015 lo reeligieron con una votación de 60,7 por ciento, venciendo en ambas oportunidades a los candidatos del gobernante Evo Morales. Desde que asumió su cargo le presentaron decenas de demandas, pero desde enero de 2019 enfrenta al menos cuatro nuevas.

El caso que lo ha llevado a la detención domiciliaria es por el relleno sanitario de Alpacoma, que era manejado por la empresa Tersa S.A. Revilla explicó que el servicio fue adjudicado a esa firma mediante licitación hace 14 años, cuando él todavía no era Alcalde. "El 15 de enero de 2019 ocurrió un deslizamiento de residuos de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma, que generó la reacción del alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, del partido de Evo Morales, en contra de la Alcaldía de La Paz. El 28 de enero firmé un acuerdo con él y el ministro de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, en presencia de Evo Morales, para suspender las medidas de presión ejercidas en contra del municipio de La Paz y llevar adelante una auditoría ambiental que establezca las causas y responsabilidades. En tiempo récord, el 26 de julio de 2019 la Fiscalía presentó la imputación formal en mi contra por los supuestos e inexistentes delitos de incumplimiento de deberes y contra la salud pública, sin considerar la auditoría ambiental en proceso y el análisis de laboratorio de la Universidad Mayor de San Andrés, que establece que no hubo ninguna contaminación en los afluentes hídricos cercanos al relleno sanitario. De igual manera, el ciudadano señalado en la imputación como supuesto y principal afectado en su salud ingresó a un centro hospitalario a las 14:00 horas y fue dado de alta a las 15:00 horas del mismo día", explicó Revilla a Infobae.

Sin embargo, en una audiencia que duró casi cinco horas, el 23 de agosto en la ciudad de El Alto, el juez Rolando Chaca dispuso la detención domiciliaria del alcalde, por la imputación de incumplimiento de deberes. La Fiscalía también lo acusa de atentado contra la salud pública.

El segundo caso que tiene preocupado a Revilla es el programa Yo Soy Mi Primer Amor, liderado en el ámbito privado por su esposa, la ex presentadora de televisión Mary Cruz Ribera. La actividad buscaba elevar la autoestima de las mujeres y bajar los niveles de violencia. Esta cruzada ha alcanzado a más de 60 mil niñas, apoyándose en la ley 348, aprobada por las mismas diputadas que la han denunciado. La norma establece que las entidades territoriales, en el marco de sus competencias y responsabilidades, asignarán los recursos humanos y económicos a la implementación de políticas, programas y proyectos para erradicar las formas de violencia hacia las mujeres. Según la norma, las autoridades y servidores públicos de todos los órganos, instituciones públicas, entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, están obligadas a hacerla cumplir bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. "Ahora las diputadas me acusan de haber usado recursos públicos en un programa de prevención de violencia hacia las mujeres, pero que sería perfectamente legal y más aún obligatorio para los funcionarios municipales. Me acusan de hacer algo que no hice, pero hubiera sido perfectamente legal si lo hacía. Este proceso penal está en fase preparatoria y mi esposa fue convocada a declarar. Las tres diputadas del MAS pretenden forzar figuras penales por la ejecución de un programa con alto interés social, con el fin de perseguirme y enjuiciarme", sostuvo.

Un tercer caso es el de la llamada curva de Olguín, que se refiere a la supuesta forma irregular de adquisición del derecho propietario de un proyecto inmobiliario, realizado hace más de dos décadas, antes de que Revilla asumiera la Alcaldía de La Paz.

El cuarto caso es por la demolición de la propiedad del ciudadano Juan Brun. "El año 2000, cuando yo no era alcalde, el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la demolición de una construcción que estaba fuera de norma. A consecuencia de un juicio civil por daños y perjuicios, promovido por Brun, el máximo tribunal de justicia de Bolivia dispuso el pago de una indemnización a su favor, por lo que el diputado del MAS, Remberto Calani, abrió un proceso penal en mi contra por el supuesto delito de no interponer la acción de repetición en contra de los responsables por daño económico al Estado. Este caso se encontraba cerrado desde hace más de tres años, pero lo reactivan en este momento electoral", explicó Revilla.

Respaldo de los opositores

Apenas anunciado el dictamen de la detención domiciliaria, el aliado principal de Revilla y candidato presidencial, Carlos Mesa, expresó su solidaridad y denunció que el alcalde es víctima de una persecución judicial. También lo respaldaron el Gobernador de Santa Cruz y líder del partido Demócratas, Rubén Costas, y el candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz.

Otro importante aliado de Mesa, que quedó hace unas semanas con arraigo por una demanda judicial es el gobernador del departamento de Tarija, Adrián Oliva. El alcalde de Cochabamba, del también opositor Demócratas, José María. Leyes, terminó encarcelado el año pasado por un juicio que le siguieron debido a una compra de mochilas escolares.

Sobre la detención domiciliaria de Luis Revilla, el concejal del oficialista MAS por La Paz, Jorge Silva, opinó que la medida del juez lo único que hace es obligar al alcalde a que vuelva a trabajar. "Puede ser incluso saludable para la ciudad. No cambia en esencia absolutamente nada. Si él fuera coherente con su discurso, debería pedir licencia al Concejo Municipal para que un concejal asuma transitoriamente su puesto", dijo Silva a los medios.

Revilla y Mesa formalizaron el 30 de octubre del año pasado la alianza de Sol.bo y el FRI, que candidatea el ex presidente. Ahí nació entonces Comunidad Ciudadana, con un acuerdo de 12 puntos, para la postulación de Mesa, con base en la defensa de la democracia y la autonomía. En las listas de candidatos al Congreso por CC están algunas figuras de Sol.bo.

El alcalde paceño fue mencionado antes como presidenciable pero su partido no tiene personería para contar con una representación nacional. Fundó Soberanía y Libertad (Sol.bo) en 2015, después de alejarse del Movimiento Sin Miedo, de su ex socio y exalcalde de La Paz, Juan del Granado. Revilla, que es abogado de profesión, comenzó con él su actividad política en 1990 y fue su concejal en 1999.

"Estoy expresamente prohibido de realizar cualquier actividad o campaña que no tenga que ver con mis funciones institucionales de alcalde. Confío que en algún momento se hará justicia y la verdad saldrá a luz", acotó.