El Tribunal Supremo de Brasil aprobó el martes la extradición de Carlos García Juliá, quien participó en el famoso asesinato de cinco abogados izquierdistas en 1977, en Madrid. El gobierno español había solicitado este procedimiento a las autoridades brasileñas luego de su arresto en Sao Paulo en diciembre de 2018, donde tenía una identidad falsa como ciudadano venezolano.
García Juliá, antiguo miembro de un comando neofascista, se había fugado hace casi tres décadas mientras estaba bajo libertad condicional, habiendo cumplido catorce años de su condena de 193 años (de los que debía cumplir 30, el máximo legal en España). Había sido condenado en 1980 por los hechos del 24 de enero de 1977, en el que él y dos más abrieron fuego contra abogados laboralistas, cuatro de los cuales sobrevivieron. Él tenía 24 años. Fernando Lerdo de Tejada, otro de los autores materiales de la masacre, huyó antes del juicio y no se conoce su ubicación, pero se encuentra en condiciones de volver a España luego de que la última orden de busca y captura en su contra cesara en 2015.
Las autoridades le habían otorgado a Garciá Juliá permiso de trabajar en Paraguay bajo la condición de presentarse ante la embajada española, pero fue ahí donde inició su fuga que lo llevo a Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia, donde fue detenido por tráfico de drogas y financiación de cuerpos militares y pasó tiempo en la cárcel. Llevaba casi veinte años en el país, y en el momento de su arresto trabajaba como conductor del servicio Uber.
El tratado de extradiciones entre Brasil y España establece que los procesados quedarían a disposición de quien lo reclama una vez terminada la resolución. Según el criterio de los jueces, este caso cumple con los requisitos mínimos para justificar la devolución del condenado a su país, si bien se trataba de un delito común en vez de un crimen político.
La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, indicó que la petición de España se apegaba a los hechos y que "no se encontró que la solicitud de extradición se presentara con el propósito de hostigar o castigar al extraditado por opiniones políticas". Garciá Juliá se ha manifestado en contra de su extradición, pero, al no poseer la nacionalidad brasileña, su proceso resultó más sencillo.
La matanza de Atocha, como se le conoce, fue un punto de inflexión durante la Transición española, luego de la muerte de Franco. Más de cien mil personas asistieron al entierro de las víctimas, la primera demostración masiva de la izquierda después del fin de la dictadura, y su impacto permitió la legalización del Partido Comunista de España.
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