La OEA exigió al régimen de Ortega "la liberación incondicional" de todos los presos políticos de Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución que reclama al gobierno de Nicaragua la liberación de todos los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega y avanzar en el diálogo con la oposición. La iniciativa busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo que acordó con la oposición para liberar antes del 18 de junio a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de fallecido

El texto se debatió en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para analizar la situación en el país centroamericano, sacudido desde hace más de un año por multitudinarias manifestaciones contra Ortega.

La iniciativa presentada por Canadá, que preside el grupo de 12 países creado en agosto en la OEA para buscar soluciones a la crisis en Nicaragua, destaca la preocupación por "el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua" y llama a las partes a avanzar "en un diálogo efectivo y de buena fe".

Para esto, pide al gobierno de Ortega la liberación "incondicional" antes del 18 de junio de todos los presos por participar en las protestas, según lo acordado en las negociaciones con la oposición.

También reclama que se permita el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada del país en diciembre por documentar graves abusos; que se inicie el proceso para la celebración de elecciones "libres, justas, transparentes y legítimas"; y que se den garantías para el libre ejercicio del derecho de manifestación pacífica y de libertad de expresión; y el regreso "sin represalias" de todos los exiliados por la actual crisis.

La ola de protestas contra Ortega, iniciada en abril de 2018, desató una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua -integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú- ya había hecho estos pedidos al gobierno de Ortega en una sesión del Consejo Permanente el 26 de abril, pero sin plasmarlos en una resolución.

Entonces, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó a los planteos, saludando que el Consejo Permanente continuara su evaluación de la situación en Nicaragua.

Almagro pidió formalmente el 11 de enero al Consejo Permanente realizar una "apreciación colectiva" sobre Nicaragua, como establece el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.

Este artículo prevé la realización de gestiones diplomáticas en caso de declararse una ruptura del orden constitucional en un país miembro, y si no prosperaran, su suspensión del organismo.

Para iniciar los "buenos oficios" se requiere el voto favorable de 18 de los 35 integrantes de la OEA; para la suspensión temporal, es necesaria una mayoría calificada de dos tercios (24), difícil de conseguir.

Hasta ahora la OEA no ha sometido ninguno de estos asuntos a votación.
El proyecto de resolución a consideración este martes prevé "continuar con la apreciación colectiva sobre la situación en Nicaragua", y plantea llevar el tema a la Asamblea General de la OEA, máximo órgano del organismo, que se realizará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia.

Almagro saludó la decisión del gobierno de Ortega de enviar el lunes a arresto domiciliario a 100 personas encarceladas por participar en las protestas, tras la polémica por la muerte a tiros el jueves en prisión del opositor opositor Eddy Montes, un ciudadano nicaragüense-estadounidense.

"Saludamos la liberación de los presos políticos en Nicaragua y solicitamos al gobierno que libere a los que aún permanecen encarcelados", tuiteó el secretario general de la OEA.

Poco antes del anuncio, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) informó que no retornará a las negociaciones con el gobierno, que cerraron con acuerdos parciales el 3 de abril, hasta que sean liberados todos los detenidos. Entre los excarcelados no figura ninguno de los líderes del movimiento.

Desde el 27 de febrero, cuando se retomaron las pláticas para superar la crisis política, el gobierno ha pasado a régimen domiciliario a 336 detenidos por participar en las protestas, que la oposición considera "presos políticos". Según opositores, hay unos 800 detenidos. El gobierno reconoce cerca de 350.

En las conversaciones, que se realizan con la OEA y el Vaticano como garantes, las partes no lograron acuerdos sobre temas clave para resolver la crisis, como la democratización del país, que incluye la propuesta de adelantar los comicios de 2021, y la justicia para las víctimas de la represión.

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Con información de AFP