La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció hoy acciones de espionaje en Nicaragua, contra periodistas que acuden a su sede en Managua, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
Según la CPDH, unos sujetos "se apostaron en una esquina de las afueras" de sus oficinas "para fotografiar a hombres y mujeres de prensa" este lunes.
Los desconocidos realizaron el espionaje en una camioneta Toyota Hilux, con vidrios oscuros, modelo característico de los llamados grupos armados "paraestatales", que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), utiliza el Gobierno en agresiones que constituyen crímenes "de lesa humanidad".
El espionaje a periodistas, si bien no es nuevo en la situación actual de Nicaragua, ha traído consecuencias, ya que en las últimas dos semanas distintos medios de comunicación han sido cerrado, a la vez que sus dueños, periodistas e incluso trabajadores administrativos, son relacionados con el delito de "terrorismo".
La CIDH ha identificado las acciones contra medios, periodistas, ONG y opositores, como la cuarta fase de la represión por parte del Gobierno de Ortega.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye "incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas", según el organismo.
Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de cientos de muertos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios locales cuentan hasta 545 muertos y 674 "presos políticos" desde el estallido social contra Ortega el 18 de abril pasado. El Gobierno reconoce 199 víctimas mortales y 273 reos, a los que tilda de terroristas, golpistas o delincuentes comunes.
Ortega no acepta responsabilidades e insiste en que venció un intento de golpe de Estado, del que la CIDH y la Acnudh son escépticos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.
Con información de EFE
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