Una fiscal peruana denunció el lunes ante un juzgado capitalino al ex presidente Alberto Fujimori y a tres ex ministros de salud por su responsabilidad en las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante su gobierno en la década de 1990.
La fiscal Marcelita Gutiérrez les atribuyó la autoría mediata en el presunto delito "contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos" en agravio de cinco peruanas que fallecieron tras ser operadas, de acuerdo a un documento fiscal difundido por la organización civil DEMUS que patrocina a las víctimas. La denuncia fue presentada ante el primer juzgado penal nacional.
En abril un fiscal de alto rango ordenó a Gutiérrez revisar su acusación y denunciar a Fujimori y a los ex ministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga por este caso tras atender una queja presentada por DEMUS.
Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.
Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.
Luego de comenzar su aplicación, la prensa reportó la realización de campañas de ligaduras de trompas, a manera de ferias, en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país y empezó a recoger denuncias de mujeres que afirmaban haber sido esterilizadas sin su conocimiento o sin su consentimiento, a la fuerza o bajo coerción.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron más de 200.000 operaciones de ligaduras de trompas y 22.000 vasectomías aunque no se conoce el número de casos que se ejecutaron bajo engaños. De ese universo más de 2.000 mujeres denunciaron después que fueron esterilizadas a la fuerza o sin recibir la información adecuada.
Fujimori, hoy de 80 años, se encuentra internado en una clínica limeña a la espera de retornar a prisión para continuar de purgar su condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno (1990-2000) luego de que en octubre un juez anulara un indulto humanitario que se le concedió en diciembre de 2017. El ex presidente debe enfrentar además otro juicio por el asesinato de seis campesinos durante su gestión por parte de un escuadrón militar de la muerte.
(Con información de AP)
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