El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó este lunes al diálogo nacional con todos los sectores sociales nicaragüense para el próximo miércoles 16 de mayo en las instalaciones de la arquidiócesis de Managua.
El llamado del prelado fue claro: "Como mediadores y testigos del diálogo no tenemos soluciones, pero con la colaboración de los participantes podremos encontrar respuestas dignas. Pedimos a los sectores tolerancia y espíritu pacífico"
La mesa de diálogo nacional, que inicia este miércoles, tendrá como actores principales al Gobierno y a una representación del sector privado, la sociedad civil y los estudiantes, con la Conferencia Episcopal como mediadora.
Este anuncio fue hecho en medio de un alzamiento popular suscitado en el municipio de Sébaco, Matagalpa, Departamento en el norte del país, en donde hay tranques sobre la carretera Panamericana, acompañado de un paro escalonado.
La acción de la policía antimotines no se dejó esperar y actúan contra los manifestantes. Ya se registra un herido de gravedad y los centros hospitalarios de la región no dan asistencia a los heridos en el disturbio.
Los resultados de este último acto de represión se suma a los que deberá esclarecer el régimen Ortega-Murillo una vez concluido el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia de la OEA que ha sido autorizada por el gobierno para que en el menor tiempo posible haga su visita de trabajo.
Esto ha sido bienvenido por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, no obstante solicitan la presencia de otras instancias de la Naciones Unidas que velan por los derechos humanos y la libertad de expresión.
Ortega, un ex guerrillero de 72 años que gobernó durante la revolución sandinista de los años 80 y retornó al poder en 2007, había aceptado en los primeros días de la crisis ir al diálogo para buscar una salida a la crisis más fuerte que enfrenta en sus 11 años de gobierno, pero no había dado los pasos exigidos por la Iglesia para generar la condiciones. Uno de esos requisitos era la llegada de una misión de la CIDH con el fin de "aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses" en las protestas.
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