¿Avanzarán finalmente las investigaciones sobre los sobornos de la brasileña Odebrecht en Panamá?
Muchos se harán probablemente esa pregunta después de que el Ministerio Público del país centroamericano informara el miércoles que reactivó las empantanadas pesquisas sobre ese escándalo y la fiscal especial anticorrupción –Zuleyka Moore– prometiera que investigará a todos los implicados.
En un video enviado a los medios, Moore dijo que ordenó 86 diligencias inmediatas en bancos, firmas de abogados, empresas e instituciones públicas y que se continuarán las aprehensiones e incautaciones de valores y bienes. Agregó que al mismo tiempo se reinicia la entrega de información de Odebrecht y sus colaboradores, así como el intercambio y asistencia con cinco países.
La medida tiene lugar después de que un tribunal otorgase a los investigadores un año más para completar su trabajo en un caso que ha salpicado a empresarios, políticos y a correligionarios del presidente Juan Carlos Varela.
Mientras que en otros países de América Latina el escándalo de los sobornos desmoronó del poder a algunos líderes importantes, en Panamá el proceso se estancó por meses debido a trabas jurídicas y los críticos consideran que en realidad no hay un interés de que se llegue hasta las últimas consecuencias.
La fiscal general panameña Kenia Porcell, designada por el presidente Juan Carlos Varela, ha denunciado numerosas veces que sectores de poder, empresariales, bancarios y políticos presionan para que el caso de los sobornos u otras grandes investigaciones se entorpezcan. No ha mencionado, empero, quienes buscan coaccionar a las autoridades.
Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que pagó sobornos por 788 millones de dólares en una docena de países en América Latina para hacerse de contratos. Uno de ellos es Panamá, donde la empresa habría repartido más de 80 millones de dólares y en el que hasta el momento 63 personas han sido implicadas, según la fiscalía anticorrupción.
Con información de AP
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