El juez que instruye la causa de Forestalia celebrará este viernes una vista de medidas cautelares

Después de que el informe medioambiental elaborado por el SEPRONA-UCOMA de la Guardia Civil advirtiera sobre la posibilidad de que se produzcan daños irreversibles en la zona vinculada al Clúster del Maestrazgo, el magistrado responsable de la causa conocida como Forestalia anunció la convocatoria de una vista de medidas cautelares para este viernes 13 de marzo a las 9:30 horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. Según publicó el medio, la decisión de realizar esta vista reside en la valoración judicial del informe recibido la semana pasada, que sugiere la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto para evitar consecuencias medioambientales irreparables.

De acuerdo con la información detallada por la fuente, la intervención del juez Juan José Cortés Hidalgo, titular del juzgado, se produce en un contexto en que la operación de la Guardia Civil sobre presunta corrupción medioambiental en el ámbito de certificados de parques eólicos y solares llevó, el 3 de marzo, a la detención de seis personas. Entre los arrestados figuran un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el propietario de la empresa Forestalia, Fernando Samper, quien abandonó las dependencias policiales en libertad tras su detención, conforme reportó el medio original.

Tal como informó la publicación, la vista de medidas cautelares solicitará la presencia del Ministerio Fiscal, las partes personadas y todas las empresas afectadas, con el propósito de garantizar que ninguna de las partes implicadas sufra indefensión durante el proceso. La intención es resolver, con la participación de todos los interesados, sobre la posible adopción de medidas preventivas que podrían suponer la paralización de los trabajos del mencionado clúster renovable ante el riesgo ambiental advertido por los peritos.

La investigación, instruida por el magistrado, se centra en supuestas irregularidades relacionadas con la emisión de certificaciones para instalaciones de energías renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, en la provincia de Teruel. Según consignó la fuente, el núcleo de la causa radica en determinar si los procedimientos de concesión de estas certificaciones habrían incurrido en prácticas de corrupción y en qué medida la actividad empresarial asociada a Forestalia y otras compañías ha impactado o podría impactar negativamente el entorno natural donde se localizan los proyectos.

El informe de la Guardia Civil, realizado a raíz de una pericial solicitada expresamente por el juez, sirvió de base para recomendar la paralización de los trabajos programados en la zona denominada Clúster del Maestrazgo. Los autores del informe subrayaron a la autoridad judicial el riesgo de que estas actuaciones impliquen un efecto irreversible sobre el medioambiente local, aportando detalles técnicos sobre las posibles afecciones y los ámbitos naturales susceptibles de deterioro.

El medio detalló que el procedimiento incluye la valoración procesal de la posible inhibición del juzgado en favor de otra instancia, cuestión comunicada al Ministerio Fiscal por el propio juez. Tras analizar la consulta, la fiscalía remitió un informe favorable a la inhibición, lo que abre la puerta a un eventual cambio en la jurisdicción encargada del caso, aunque la celebración de la vista de medidas cautelares seguirá su curso mientras se resuelve esa cuestión.

Como resultado de la operación desarrollada por la Guardia Civil, la atención se centra sobre la actuación de responsables de empresas, miembros de la administración y potenciales implicados en la concesión de certificaciones de parques renovables. La presencia de altos exfuncionarios públicos entre los arrestados añade relevancia a la investigación y pone en primer plano la relación entre la gestión administrativa y el desarrollo de proyectos energéticos en el territorio.

Durante la vista convocada por el juez, está previsto examinar en profundidad la recomendación de paralización incluida en el informe pericial. Además, las partes personadas y las empresas concernidas tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos ante el tribunal, que deberá determinar si corresponde suspender el avance de las obras conforme a los riesgos constatados en el documento elaborado por la unidad medioambiental de la Guardia Civil.

El seguimiento del caso Forestalia, tal como reportó el medio citado, se mantiene en el foco de atención judicial y mediática, dada la magnitud de las actuaciones objeto de escrutinio y la posible trascendencia de los daños ambientales relacionados con la corrupción presuntamente detectada en los procedimientos de certificación. La resolución sobre las medidas cautelares y la posible inhibición del juzgado determinarán los próximos pasos en la tramitación de la causa y en la continuidad de los proyectos energéticos en la región de Teruel.