En la misma decisión, el juez amplió hasta finales de mayo el plazo para que la Policía Federal concluya la investigación sobre un caso que también salpica a los ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General, Wellington Moreira Franco, ambos del entorno más cercano al mandatario.
El asunto se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de "favores" políticos recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil, que en ese período estuvo dirigida por Padilha primero y luego por Moreira Franco.
Según han confesado antiguos ejecutivos de la constructora, esos pagos eran dirigidos a financiar, por medio de operaciones de "caja B", las campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que entonces tenía como presidente a Temer.
De acuerdo a esos testimonios, Temer, quien al mismo tiempo era vicepresidente de Brasil, llegó a participar en la negociación de lo que sería pagado al PMDB, algo que el actual mandatario ha negado siempre en forma enfática.
El año pasado, el entonces fiscal general Rodrigo Janot negó la inclusión de Temer en las investigaciones, pues la Constitución de Brasil impide que un gobernante en pleno ejercicio del cargo sea juzgado por hechos anteriores al inicio de su mandato, como es el caso.
Janot fue sustituido en septiembre pasado por Raquel Dodge, quien tiene una interpretación distinta y solicitó ampliar la averiguación para establecer el papel de Temer en esa trama.
Según Dodge, si bien Temer no podría ser juzgado ahora por ese asunto, sí puede ser investigado, una tesis que fue aceptada por el juez Fachin.
La fiscal general se apoyó en que Temer ya es investigado en un asunto que está en manos del Supremo, por supuestas maniobras que habrían beneficiado ilegalmente a una empresa del sector portuario.
También en el hecho de que el presidente fue investigado por unas alegadas irregularidades en torno al grupo cárnico JBS, que incluso llevaron a la Fiscalía a presentar dos denuncias por corrupción en su contra.
Esas denuncias, sin embargo, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales tiene la potestad de autorizar el inicio de un juicio contra un presidente en ejercicio del poder.
Todos esos casos, sin embargo, podrán llegar a los tribunales a partir del 1 de enero de 2019, cuando Temer concluirá su mandato y entregará el cargo al ganador de las elecciones previstas para el próximo octubre.
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