La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados al ex presidente peruano Alberto Fujimori, según informó este miércoles la organización civil.
La agrupación defensora de los derechos humanos informó, en su página de Facebook, que remitió ayer con carácter de urgencia una comunicación a la CorteIDH, en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Aprodeh hizo la solicitud de información detallada y actualizada sobre la resolución del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los cuales por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
En 1992, el grupo militar encubierto Colina ingresó a los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se vuelva a saber de su paradero.
Los restos de algunos de ellos y de sus pertenencias aparecieron enterradas, tiempo después, en una zona alejada del distrito de Cieneguilla y un testigo dio pistas a la prensa sobre las personas que los dejaron en el lugar.
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Aprodech solicitó también a la CorteIDH que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso La Cantuta, dado que Fujimori fue sentenciado por la autoría mediata de esa desaparición, así como de la matanza de Barrios Altos, donde fueron asesinadas 15 personas por el grupo Colina.
"En las siguientes horas se remitirá una comunicación a la Corte IDH con contenido similar, pero en el marco del caso 'Barrios Altos', para lo cual se está coordinando con las otras instituciones avocadas a este caso", precisó Aprodeh.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la CorteIDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente de Perú.
Rivera explicó al Canal N que pedirán a la CorteIDH una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, a los que el tribunal consideró como crímenes de lesa humanidad, por lo que el indulto puede ser un acto de impunidad contra el cumplimiento de esos dictámenes.
Enfatizó en que el indulto es parte de un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.
El mandatario firmó el indulto al encarcelado ex presidente solo tres días después de que se salvara de ser destituido en el Congreso con los votos de diez congresistas fujimoristas rebeldes con su partido, liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto Fujimori, quien había pedido a Kuczynski que indultara a su padre.
Fujimori se encuentra actualmente en una clínica de Lima, donde el domingo recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado el viernes desde la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.
El ex presidente fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
El indulto también conlleva una gracia presidencial para librar a Fujimori de otro proceso similar por el caso Pativilca, otra matanza del grupo Colina en la que murieron seis personas.
(Con información de EFE)
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