
El ex fiscal peruano Avelino Guillén afirmó que el indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede ser anulado por el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional (TC).
Guillén, quien llevó la acusación en el juicio que en 2009 derivó en una condena a 25 años contra Fujimori por delitos de lesa humanidad, señaló al portal de periodismo Ojo-Público que la decisión tomada el domingo por el presidente Pedro Pablo Kuczynski burló el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Consideró, en ese sentido, que es posible presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial y el TC para que revisen el caso "por graves vicios procesales".
Recordó que en 2011, el TC revocó el indulto que se le otorgó al empresario de televisión Francisco Crousillat, por problemas en el informe médico que favoreció el beneficio y que en este caso también puede pronunciarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El ex fiscal enfatizó en una supuesta falta de imparcialidad de la junta médica que avaló el informe favorable, ya que, según dijo, uno de sus miembros es médico del ex gobernante desde hace 20 años.
Guillén también sostuvo que la resolución de indulto se sustenta en que "el establecimiento penitenciario no cuenta con los servicios necesarios para la atención médica", pero recordó que Fujimori tenía todas las facilidades para ir a clínicas privadas.
"Solo si su permanencia en el penal lo pone en riesgo de muerte, es factible un perdón humanitario, y eso debería estar sustentado en el informe médico. Dicho examen debe ser puesto a verificación", concluyó.
Los argumentos médicos favorables al indulto también fueron cuestionados por el oncólogo peruano residente en los Estados Unidos Elmer Huerta, quien consideró en la emisora RPP Noticias que la gracia presidencial ha sido "una decisión enteramente política".
"Desde el punto de vista médico, el señor Alberto Fujimori tiene una serie de enfermedades crónicas que tienen muchísimos ancianos y ancianas en el Perú, ninguna de las cuales amenazan su vida, y la junta lo reconoce al decir que él es no terminal", comentó.
Huerta también sostuvo que "está en duda" que el encarcelamiento pueda "hacer que su cáncer regrese", tras recordar que a Fujimori se le diagnosticó hace 20 años un cáncer precoz de la lengua, que nunca reapareció tras ser tratado.

Según el informe de la junta médica que recomendó el indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar, lo que puede agravarse si continúa en prisión.
El presidente Kuczynski no solo eximió a Fujimori de seguir en prisión por la muerte de 25 personas en dos matanzas del grupo militar encubierto Colina, sino que, también, lo libró de ser procesado por otra matanza en la que murieron otras seis personas, al otorgarle ese "derecho de gracia".
El abogado de los familiares de las víctimas de esos crímenes, Carlos Rivera, anunció que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que anule el indulto, que consideran un acto de impunidad.
Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina, además de por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992.
Víctimas de los crímenes pedirán a la CorteIDH anular el indulto
Los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue condenado Fujimori recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el indulto concedido esta Navidad al ex mandatario, que lo exime de cumplir una sentencia de 25 años de prisión.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que el indulto a Fujimori tiene irregularidades y la CorteIDH puede pedir al Estado peruano revertir la decisión tomada por el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski.
Rivera explicó al Canal N que pedirán a la CorteIDH una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, a los que el tribunal consideró como crímenes de lesa humanidad, por lo que el indulto puede ser un acto de impunidad contra el cumplimiento de esos dictámenes.
El letrado indicó que el próximo período de sesiones de la CorteIDH se celebrará entre el 28 de enero y el 9 de febrero de 2018, y apuntó que el tribunal puede tomar una decisión en ese mismo mes de febrero.
Enfatizó en que el indulto es parte de un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.
Rivera también criticó la rapidez del proceso, que se tramitó en apenas dos semanas, desde que se presentó la solicitud hasta que fue resuelta por Kuczynski, lo que a su criterio vulnera el debido procedimiento de este tipo de indultos.
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