En medio de denuncias de supuesta corrupción que le costaron el cargo al presidente de la estatal petrolera boliviana, el gobierno de Evo Morales anuló un millonario contrato con dos empresas europeas para la construcción de una planta petroquímica por 2.200 millones de dólares.
"Errores administrativos" en la negociación del contrato con la italiana Tecnimont y su socia española Técnicas Reunidas fueron la causa que alegó el ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez para la nulidad de la adjudicación.
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"Una muestra de transparencia es que se hayan detectado errores administrativos que frenaron la adjudicación para evitar daños económicos", dijo Sánchez el miércoles ante el Legislativo que lo llamó para informarse sobre el caso tras la denuncia del senador opositor Oscar Ortiz sobre "irregularidades" en la adjudicación de las obras.
La construcción de una planta de propileno y polipropileno es la mayor apuesta de Morales para industrializar el gas natural, la principal riqueza del país.
El contrato con las empresas europeas había sido gestionado por Guillermo Achá, destituido hace dos semanas del cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y procesado por irregularidades en la adjudicación de la construcción de tres taladros a una compañía italiana.
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Desde que Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006 YPFB ha sido blanco de escándalos de corrupción. Cinco de los seis presidentes que tuvo la compañía desde entonces dimitieron por acusaciones.
El caso más sonado fue del ex presidente de la compañía Santos Ramírez, condenado en 2012 a 12 años de cárcel por cobrar sobornos a la empresa que se adjudicó la construcción de una planta separadora de líquidos.
YPFB es la mayor empresa del país con más de 2.000 trabajadores y con exportaciones que superan el 40% del total de las ventas de Bolivia al exterior.
Morales, en el poder desde 2006, ha calificado a esa compañía como modelo y emblema de gestión estatal.
Carlos Valdez para Associated Press
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