Mientras el país se acerca a su décimo día de protestas en contra del aumento a los precios de las gasolinas, en comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores se retomará este martes la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que otorga más facultades al Ejército para el orden en el país.
Legisladores y expertos consultados por Infobae advirtieron del riesgo que significa retomar en este momento la discusión de la ley, porque podría interpretarse que tiene el objetivo de disolver las protestas sociales, que podrían continuar en los próximos meses, lo que sometería a México casi a una dictadura militar.
"Este tema que se va a discutir mueve muchas cosas complejas, quieren encubrir lo que está sucediendo con una represión que la veo muy riesgosa porque los mexicanos no son los mismos de hace 10 años. Con la discusión de esta ley, es claro que están apostando a que haya un levantamiento armado a nivel nacional y ahora sí que están jugando con lumbre. Yo espero que no pase esa ley, porque el poder civil va a estar sometido a la milicia y nos vamos a ver en una dictadura casi militar, como ya pasó en algunos países sudamericanos", dijo en entrevista con Infobae el general retirado Francisco Gallardo.
Los legisladores retomarán el análisis de dos propuestas, una del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otra del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La propuesta priista contempla la intervención de las comunicaciones ciudadanas sin presentar una orden judicial, así como su detención preventiva, conocida en México como "arraigo". También avala la intervención del Ejército en situaciones "preventivas de orden interno" para evitar amenazas a la seguridad.
El PAN propone la conformación de unas Fuerzas Especiales de Apoyo Federal que capaciten a militares y a marinos para realizar tareas de seguridad y de investigación de delitos del fuero civil.
Considera como ataques a la seguridad interior aquellos actos para "destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos en una entidad federativa, en un municipio, en una demarcación territorial de la Ciudad de México o en una región", con lo que se facultaría a las Fuerzas Armadas a intervenir en casos como las protestas en contra de los gasolinazos.
Temor de madruguete
La discusión de la ley no sólo se retoma en el contexto de las protestas por el aumento de hasta el 20% en el precio de las gasolinas, sino también en medio de una campaña publicitaria en la que desde hace unos meses se busca exaltar los valores del Ejercito a través de videos en los que los militares muestran su lado humano.
"El tema del Ejército preocupa. De entrada se corre el riesgo de que pueda haber violaciones graves a los derechos humanos. Se han agravado las protestas, la sociedad está exigiendo algo que no habíamos visto en muchos años y por eso el tema de Ejército es lo que nos debe preocupar, porque todos sabemos que nunca se ha preparado para ejercer funciones de seguridad pública", expresó a Infobae el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Víctor Sánchez, secretario de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara baja.
Expresó su preocupación de que el PRI y el PAN busquen aprobar la ley sin dar la oportunidad a que los legisladores de otras fracciones la analicen en profundidad, porque "todo parece indicar que hay prisa".
Advirtió también sobre el riesgo que representa para la sociedad el darle facultades extraordinarias al Ejército, que a partir de que dejó los cuarteles para incorporarse a la guerra contra el narcotráfico, en 2006, permanece en una especie de "limbo legal en detrimento de la población".
"Estamos hablando de un riesgo permanente e inminente que pasa sobre toda la sociedad y los mismos políticos que la están aprobando, y vamos a entrar en una crisis más grande que la que estamos viviendo", lamentó Gallardo.
Video de propaganda del Ejército mexicano
Día 9 de protestas
Al tiempo que el presidente Enrique Peña Nieto defendía nuevamente el gasolinazo durante la presentación del "Acuerdo para el Fortalecimiento Económico", con el que se busca hacer frente a la crisis, más de 70 organizaciones civiles y 200 figuras públicas e intelectuales le exigieron "detener los privilegios económicos" de la clase política.
Solicitaron "reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias, como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública", puesto que el anuncio del incremento del precio de las gasolinas no estuvo acompañado de un programa de austeridad en la burocracia.
Asimismo, reprobaron la falta de un plan de contención por parte de la Secretaría de Economía para enfrentar la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ante el riesgo de pérdida de inversiones importantes para el país.
Las protestas en las calles también continuaron. En la Ciudad de México se registraron por la mañana al menos tres manifestaciones, de trabajadores agrícolas, taxistas y líderes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y seis bloqueos que ahorcaron algunas zonas de la ciudad.
También se reportó un bloqueo en el Estado de México (Centro) en la autopista a Pachuca.
En Chihuahua (norte), activistas irrumpieron en una reunión entre diputados y empresarios para llamarlos "cínicos" y demandarles también que se bajen el sueldo.
En Monterrey, Nuevo León (norte), docenas de personas protestaron pacíficamente en el Congreso del estado para exigir que, ante la contingencia, se baje también el salario de diputados y senadores. En la madrugada, cerca del palacio de gobierno se registraron dos detonaciones al aire, una de arma de fuego y probablemente otra de pirotecnia.
En Michoacán (occidente) manifestantes pidieron la renuncia de Peña Nieto.
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