
Carmen Zuleta de Merchán, jueza de Tribunal Supremo de Venezuela.
*Desde Ginebra, Suiza. Enviado Especial.
"Democracia e independencia de poderes en Venezuela". Así se llamó el evento organizado por la embajada de la República Bolivariana ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Las únicas oradoras fueron Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, jueza principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y Olga Álvarez Álvarez, abogada del tribunal. Infobae estuvo presente en el encuentro, entre una exigua concurrencia, constituida esencialmente por delegaciones aliadas del chavismo, como las de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
El acto se realizó dos semanas después de que, en la sesión inaugural de la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, denunció a Venezuela por negarse a cooperar con expertos y observadores internacionales.
"Les agradezco la oportunidad de invitarme para conversar sobre lo que pasa en Venezuela, que está viviendo un tiempo glorioso", comenzó diciendo Zuleta, en momentos en que el país atraviesa una de las peores crisis sociales y políticas de su historia, con millones de personas en la miseria y una escasez de alimentos inédita.
Lo curioso de su alocución, es que si bien el tema de la charla era la supuesta independencia del Poder Judicial en el país, la magistrada recalcó una y otra vez su adhesión al proyecto chavista. "Es interesante conversar fuera de país de lo que nosotros estamos haciendo, una prueba de 16 años de un modelo democrático de participación protagónica del pueblo, que se diferencia del modelo de la Constitución del 1961", dijo.

"En la Constitución de 1999 se establece la imperiosa orden de refundar la institucionalización porque estamos experimentando un nuevo programa democrático, y la Constitución no es sino el desarrollo de un modelo político. Por eso tenemos un activismo judicial. Nosotros actuamos activistamente (sic) para lograr un desarrollo y un armonía social", agregó.
Infobae le preguntó a la jueza por qué, si el TSJ es independiente, declaró inconstitucionales casi la totalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que desde principios de año controla la oposición, y nunca jamás se expidió en contra de algún proyecto impulsado por el gobierno. "En Venezuela el presidente puede, antes de promulgar una ley del arlamento, dudar de su constitucionalidad y preguntarle a la Sala Constitucional. Hay un control previo de la ley. En todas las decisiones que la sala tuvo que pronunciarse se puede ver claro que no había otra manera de publicar estas leyes porque eran de verdad inconstitucionales", dijo. Y luego aclaró: "Pero hay casos en los que no se le ha dado la razón al Presidente". Sin mencionar ninguno, se limitó a decir que "hay muchas solicitudes en la Sala Constitucional de órganos del Poder Ejecutivo y de diputados oficialistas y opositores, en los que la Sala no se ha pronunciado".
El segundo tema de la conferencia fue el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que es impulsado por la oposición y resistido por el gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuando Infobae preguntó por las continuas trabas y dilaciones del CNE, fue Álvarez quien tomó la palabra. "La normativa establece plazos muy definidos —dijo—. Es imposible técnica y jurídicamente hacer el proceso revocatorio antes de febrero de 2017. El referéndum se va a dar, no hubo atraso, a pesar de que hubo fraude (en la junta de firmas). Tú no puedes adelantar el proceso electoral adelantando el Estado de derecho". "Una vez que llegaron a la Asamblea Nacional, los opositores se plantearon una ruta para romper al Estado constitucional. Nosotros no somos un Estado de derecho, somos un Estado Constitucional. Nosotros rompimos… o mejoramos, mejor dicho, el Estado de derecho", continuó.
La jueza agregó un punto de vista curioso: "Ya en una ocasión se experimentó el referéndum revocatorio, con la diferencia de que el presidente Hugo Chávez quiso él mismo someterse a él, y eso pudiera de alguna manera facilitar el interés en que el revocatorio se haya (sic), porque ahora hay personas que no quieren que el revocatorio se haya (sic), se haga, o que el referéndum sea revocatorio".
La diferencia entre que el referendo se realice este año, como reclama la oposición, o el próximo, como habilitaría eventualmente el chavismo, es crucial. Si el oficialismo pierde este año, Nicolás Maduro debería dejar el gobierno y convocar a elecciones presidenciales. Si la derrota sucede el año próximo, Maduro debería irse pero quedaría a cargo del gobierno su vicepresidente, hasta el final del mandato en 2019.
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