La política de expropiaciones iniciada por Hugo Chávez con la famosa frase "¡Planta parada, planta tomada!" continúa en manos de Nicolás Maduro. Las confiscaciones de bienes privados y violaciones a la propiedad registradas entre los años 2005 y 2015 asciende a un número de 110.974 según los datos del Observatorio de Propiedad Privada de Cedice Libertad.
Según relata un artículo publicado por el diario El Nacional, fue durante el año pasado cuando hubo mayor cantidad de actuaciones contra "bienes de terceros". Del número total, 107.954 casos ocurrieron durante el año 2015 entre los que se cuentan: 9 expropiaciones, 14 regulaciones confiscatorias, 96 invasiones, 219 ocupaciones e intervenciones, 296 decomisos de mercancía, 28.000 cierres de empresas y 65.433 fiscalizaciones, también se impusieron 13.887 multas.
Los especialistas señalaron que las políticas intervencionistas ejecutadas fueron muy costosas por las indemnizaciones que se debieron pagar a los propietarios de las empresas tomadas y los juicios que muchos privados iniciaron ante organismos internacionales por la quita de sus propiedades de manera arbitraria desde el gobierno bolivariano.
"Hay casos de violaciones cometidas por particulares, pero que fueron promovidas por el gobierno", dijo la socióloga Isabel Pereira, directiva de ese observatorio al detallar que el gobierno de venezolano realizó persecuciones y acciones contra bienes privados de manera "directa e indirecta".
Por su parte, el abogado Luis Alfonso Herrera, investigador del Cedice, afirmó que las confiscaciones son "violaciones sistemáticas, generalizadas, conscientes y propias del proyecto político socialista que no han traído ningún beneficio para el país, sino grandes costos económicos, sociales y jurídicos", y agregó: "Con estas acciones el gobierno solo condujo a una destrucción de los medios de producción. Empresas que se encontraban operativas cuando estaban en manos de privados, hoy no están trabajando".
Entre el 2007 y 2011 Venezuela gastó en grandes casos de estatización de empresas más de 23 mil millones de dólares. Los dirigentes del propio gobierno admitieron que muchas empresas tomadas fracasaron en sus manos, sin embargo la política de apropiación se mantiene vigente.
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