El presidente paraguayo, Horacio Cartes, aceptó la dimisión ofrecida por el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, quien puso el cargo a disposición del Ejecutivo tras la muerte de una niña de tres años que resultó herida en un operativo contra el narcotráfico.
La menor resultó herida el sábado cuando viajaba en compañía de su tío en una camioneta que fue tiroteada por agentes de la Senad, quienes aparentemente realizaban un procedimiento antinarcóticos en el distrito de Nueva Italia (centro).
La niña falleció el lunes en un hospital de Asunción, en el que también se encuentra internado el tío.
Rojas ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que Cartes aceptó su renuncia tras una entrevista de una hora. "Ante la gravedad de los hechos acontecidos el sábado de la tarde, asumí el peso como responsable político, el presidente aceptó mi renuncia formalmente", dijo Rojas.
Rojas informó que el mandatario se comprometió a esclarecer los hechos, y que sigue de cerca la investigación encabezada por el Ministerio Público.
La Fiscalía paraguaya imputó este lunes a nueve agentes de la Senad por la presunta comisión del delito de homicidio doloso, en relación con la muerte de la niña de tres años.
Ciudadanos autoconvocados se concentraron en Asunción y otras ciudades del país para protestar por la muerte de la niña.
El Senado condenó la muerte de la niña
La Mesa Directiva del Senado de Paraguay condenó la muerte de una niña de tres años que fue alcanzada por un disparo en un operativo antidroga el sábado, y rechazó el "uso desmedido de la fuerza pública" de los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de otras fuerzas de seguridad.
El comunicado de la Mesa Directiva, firmado, entre otros, por el presidente del Senado, Mario Abdo Benítez, se refiere también a la muerte de tres personas este domingo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, quienes fallecieron en un fuego cruzado entre varios grupos de narcotraficantes que se enfrentaban en plena calle, según los medios locales.
En el texto se pide al presidente de la República, Horacio Cartes, a quien se responsabiliza de la seguridad del país, que garantice el esclarecimiento de todos estos hechos y la identificación de sus responsables.
También se destaca que el suceso de Pedro Juan Caballero se produjo en una zona que abarca los departamentos norteños de San Pedro, Concepción y Amambay, y que desde 2013 se encuentra asignado al control de las Fuerzas de Tarea Conjunta, un contingente de militares, policías y agentes antidroga creado por Cartes para el combate contra grupos guerrilleros.
El texto resalta también que las fuerzas públicas y la Fiscalía cuentan en el Presupuesto General de la Nación con todos los recursos requeridos, por lo que "la ineficiencia y el descontrol existentes sólo pueden deberse a la improvisación y la corrupción".
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