Comisión Liquidadora denuncia presunta corrupción en 25 instituciones públicas de Honduras

La Comisión Liquidadora del Gobierno acudió este miércoles al Ministerio Público para formalizar una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción detectados en al menos 25 instituciones públicas durante la gestión gubernamental anterior, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan las posibles responsabilidades conforme a la legislación hondureña.

La acción busca que las autoridades fiscales examinen las presuntas irregularidades identificadas en distintas dependencias estatales y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar las investigaciones.

El abogado Leonel Núñez, quien encabeza la Comisión Liquidadora, afirmó que durante las revisiones se encontraron indicios de posibles anomalías relacionadas con el manejo de los recursos públicos, entre ellas fondos cuya utilización no habría sido debidamente aclarada.

Según explicó, entre los hechos que consideran necesario investigar figuran presuntas operaciones de malversación, utilización de dinero público para actividades vinculadas con campañas políticas y transferencias de recursos sobre las cuales, aseguró, todavía no se tiene claridad respecto de sus destinatarios o del uso que finalmente recibieron.

Núñez sostuvo que la documentación presentada permitirá poner estos señalamientos en conocimiento de los órganos responsables de investigar posibles delitos contra la administración pública.

Irregularidades en 25 instituciones

De acuerdo con el titular de la Comisión Liquidadora, las presuntas anomalías abarcan al menos 25 instituciones públicas, entre ellas dependencias y programas como la Secretaría de Transparencia, Red Solidaria y Planificación Estratégica.

El funcionario indicó que los hallazgos no se limitan a una sola entidad, sino que comprenden diferentes áreas de la administración estatal. Por ello, consideró necesario que las investigaciones permitan establecer cómo se ejecutaron los presupuestos, quiénes autorizaron los gastos y cuál fue el destino de los fondos cuestionados.

La revisión de estas operaciones también podría contribuir a identificar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión y control del gasto público, siempre que las autoridades investigadoras logren documentar las irregularidades señaladas y establecer los hechos de manera verificable.

Hasta el momento, las declaraciones de Núñez no incluyen un desglose completo de los montos presuntamente comprometidos, ni una relación detallada de cada operación cuestionada o de las personas que podrían estar vinculadas con los hechos denunciados.

Perjuicio económico

Uno de los puntos destacados por el presidente de la Comisión Liquidadora es la dimensión económica de las presuntas irregularidades. Núñez manifestó que la cantidad de recursos que habría sido objeto de un manejo irregular es considerable, aunque evitó precisar una cifra global.

Explicó que corresponde a los organismos contralores y a las autoridades encargadas de la investigación establecer el monto exacto de los fondos involucrados, determinar si hubo perjuicio económico para el Estado y cuantificar los recursos cuyo uso no haya podido justificarse.

La ausencia de una cifra consolidada impide, por ahora, dimensionar con precisión el posible impacto financiero de los hechos denunciados. Para establecerlo será necesario examinar contratos, órdenes de pago, registros presupuestarios, informes de ejecución y otros documentos que permitan reconstruir las operaciones señaladas.

Además de la eventual identificación de perjuicios económicos, las investigaciones deberán determinar si las transacciones cuestionadas contaban con respaldo legal, si los servicios o productos contratados fueron efectivamente recibidos y si los recursos públicos se utilizaron para los fines autorizados.

Pagos a ciudadano venezolano

Núñez también se refirió a contrataciones de ciudadanos extranjeros realizadas durante la administración anterior, las cuales, según afirmó, deben ser objeto de revisión.

Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano venezolano que, de acuerdo con sus declaraciones, habría recibido más de 150 millones de lempiras, equivalentes aproximadamente a USD 5,7 millones.

El señalamiento abre interrogantes sobre la naturaleza de la contratación, los servicios que habrían sido prestados, las condiciones económicas acordadas y los mecanismos utilizados para autorizar los desembolsos.

Los señalamientos presentados ante el Ministerio Público se suman a actuaciones que, según la información proporcionada, la Comisión Liquidadora ya había promovido ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con el objetivo de que se examinaran presuntas irregularidades atribuidas a anteriores autoridades de distintas dependencias gubernamentales.