El intento de eliminar las pensiones vitalicias para los expresidentes de Costa Rica fue bloqueado en la Asamblea Legislativa, tras una ajustada votación que impidió darle prioridad al debate de la iniciativa del Frente Amplio. Con 20 votos a favor y 21 en contra, la moción para agilizar el trámite del expediente 24,793 no alcanzó el respaldo necesario, posponiendo la discusión y dejando en el limbo la posibilidad de una reforma inmediata.
Solo siete expresidentes, una exprimera dama y dos causahabientes perciben esta pensión
Actualmente, siete expresidentes, una ex primera dama y dos causahabientes reciben este beneficio, hecho que la diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana, defendió resaltando el carácter de derecho adquirido que ampara a los actuales beneficiarios. La propuesta legislativa busca derogar el capítulo III del Régimen de Pensiones de Expresidentes de la República. Su aprobación afectaría tanto a quienes ocupen la Presidencia en el futuro como a quienes la ejercieran en el pasado, aunque el propio proyecto reconoce que los derechos adquiridos no pueden eliminarse con retroactividad, lo que blindaría a quienes ya disfrutan de la prestación.
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El expediente también contempla disposiciones estrictas para el cobro: exige que los beneficiarios demuestren ingresos por debajo de tres salarios base (₡1,386,600) ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional. De superar este umbral, la persona perdería la pensión. Además, si el ingreso mensual del expresidente o beneficiario supera el doble del promedio nacional de ingresos familiares, la responsabilidad de reportarlo, y así suspender de inmediato el beneficio, recae en el propio beneficiario.
Apoyo dividido y argumentos cruzados en el Plenario Legislativo
El impulso por darle vía rápida al expediente fue liderado por Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, quien defendió la reforma señalando: “Eliminemos las pensiones de expresidentes, es una pensión de lujo. Si la definición que se utiliza para una pensión de lujo es una para la que no se ha aportado, esta es la mejor ejemplificación (…) Estos son vestigios monárquicos, de privilegios, de quienes se creen nobleza”.
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El respaldo a la moción provino de toda la bancada del Frente Amplio, la mayoría de Liberación Nacional (PLN), integrantes del PUSC y legisladoras independientes como Gloria Navas y Kattia Cambronero. Votaron en contra el oficialismo, los bloques de Nueva República, el Partido Liberal Progresista (PLP), la mayoría del PUSC, y los congresistas verdiblancos Óscar Izquierdo y Rosaura Méndez.
La diputada Pilar Cisneros, jefa oficialista, cuestionó el momento de la moción e indicó que solo apoyará eliminar las pensiones de lujo si se abarcan todos los regímenes especiales, y no únicamente el de expresidentes: “Estamos en contra de las pensiones de lujo, pero las cosas hay que hacerlas bien y si les vamos a quitar las pensiones al presidente de ahora y a la que viene, se las vamos a quitar a los demás”.
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El futuro de la reforma queda en manos del próximo Congreso
La derrota de la moción significa que el expediente 24,793 continuará su trámite en comisión, siguiendo la vía ordinaria. Esto implica que, salvo un cambio en la correlación de fuerzas, el debate probablemente quedará en manos del nuevo Congreso, en el que el oficialismo tendrá la mayoría. Las posiciones enfrentadas expresadas en el Plenario dejan en evidencia la complejidad del tema y la dificultad para alcanzar el mínimo de 38 votos requeridos para reformar el régimen de pensiones de los máximos exmandatarios del país.
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