El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el jueves una amplia reestructuración del aparato estatal que incluye la reducción de 20 a 14 ministerios, el paso de nueve a tres secretarías, y el despido de 5.000 funcionarios públicos, en una medida que el Gobierno enmarca en su objetivo de construir un Estado más eficiente y reducir el déficit fiscal.
La portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo, confirmó la decisión en una conferencia de prensa y explicó que las desvinculaciones se fundamentan en criterios de eficiencia administrativa.
“Las desvinculaciones tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia. El Gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, de calidad”, afirmó. Aclaró que estos despidos no afectan a médicos, personal de enfermería, profesores, policías, militares ni personas pertenecientes a grupos vulnerables.
Jaramillo detalló que las salidas no se derivan directamente de la fusión de las carteras de Estado, sino que responden a procesos de evaluación interna en las distintas instituciones del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“El resultado de esta mirada de eficiencia ha sido detectar que hay funcionarios que obstruyen el trabajo eficiente que se quiere hacer en las distintas carteras del Estado”, dijo, y añadió: “No se puede mantener a funcionarios que impiden que se lleve a cabo el trabajo de forma excelente y transparente. No se puede tolerar que haya hombres y mujeres que cuando uno se acerca a un servicio público le contesten: ‘No hay sistema’ y no le den una solución”.
También afirmó que entre los desvinculados hay personas relacionadas con mafias enquistadas en instituciones estatales, aunque no especificó qué tipo de conexiones fueron detectadas ni qué acciones se seguirán. “Una de las visiones y prioridades que tiene este Gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando”, sostuvo.
La reestructuración también implica cambios en la distribución de competencias. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusionará con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; los ministerios de Cultura y Deporte y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación pasarán a formar parte del Ministerio de Educación; el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se integrará al Ministerio de Gobierno; y el Ministerio de Ambiente quedará bajo la cartera de Energía y Minas.
Además, el Ministerio de Turismo será absorbido por el de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se incorporará al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En materia de seguridad, el Ejecutivo dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que hasta ahora respondían directamente a la Presidencia, pasen a estar bajo la supervisión del Ministerio del Interior.
Jaramillo anunció que en los próximos días se dará a conocer cómo quedarán estructuradas las nuevas dependencias, algunas de las cuales se transformarán en viceministerios o asumirán otras formas dentro del organigrama estatal.
El proceso de despidos, según informó, será inmediato y se realizará conforme a la legislación laboral y la Constitución. “Hay montos que se pagarán por liquidaciones e indemnizaciones y eso está financiado”, indicó.
Tras la desvinculación de los 5.000 funcionarios, el Gobierno tiene previsto crear nuevas vacantes, aunque en menor número, dirigidas especialmente a jóvenes interesados en ingresar al servicio público.
La decisión forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno de Noboa en el marco del acuerdo crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional, por un total de 5.000 millones de dólares. Esta es la mayor reorganización administrativa impulsada por Noboa desde que asumió la presidencia en noviembre de 2023.
(Con información de EFE)
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