El Departamento de Justicia de Estados Unidos se enfoca en funcionarios cubanos y busca imputaciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo para examinar posibles cargos federales contra funcionarios o entidades del gobierno cubano, según un funcionario familiarizado con el grupo.

Funcionarios de agencias gubernamentales, incluido el Departamento del Tesoro, formarán parte de este grupo. La participación del Tesoro podría significar que la administración Trump esté considerando imponer más sanciones contra Cuba, que ya está sujeta a intensas sanciones económicas estadounidenses.

El grupo de trabajo está explorando posibles delitos relacionados con la inmigración, la economía y otros temas.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El intento de presentar cargos contra funcionarios cubanos coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump de que su administración considera a Cuba como el próximo país cuyo gobierno podría ser derrocado, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero y el asesinato del líder supremo de Irán el sábado.

“Queremos terminar con esto primero”, dijo Trump el jueves, refiriéndose al actual ataque contra Irán. Será solo cuestión de tiempo antes de que caiga el gobierno cubano, y “ustedes y mucha gente increíble regresarán a Cuba, ojalá no para quedarse”, declaró ante una audiencia en la Casa Blanca, que incluía a un gran número de republicanos del sur de Florida, muchos de ascendencia cubana.

“Solo quiero esperar un par de semanas”, añadió.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, que incluye Miami, el centro de la comunidad cubana exiliada, supervisará el grupo de la fiscalía, según el funcionario familiarizado con el asunto, quien habló bajo condición de anonimato para discutir un plan interno que aún no se ha hecho público.

El proceso de enjuiciamiento de Cuba podría seguir parte del modelo que utilizó el gobierno para derrocar a Maduro en Venezuela. En ese caso, el Departamento de Justicia acusó a Maduro en 2020, aunque el líder no fue extraditado en ese momento. En enero, el gobierno lanzó un ataque contra Venezuela, capturando a Maduro y llevándolo a Nueva York para enfrentar los cargos.

Varios ex fiscales de la fiscalía declararon a The Washington Post que no les sorprendió que lideraran una iniciativa centrada específicamente en los procesos judiciales relacionados con Cuba. La fiscalía federal de Miami cuenta con una larga trayectoria en el manejo de casos de alto perfil relacionados con irregularidades vinculadas al régimen cubano.

En 2024, la fiscalía logró la condena de Víctor Manuel Rocha, ex diplomático estadounidense que admitió haber recopilado inteligencia para Cuba durante más de cuatro décadas mientras ocupaba puestos importantes en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.

A principios de la década de 2000, los abogados de la fiscalía también lideraron un importante proceso contra cinco oficiales de inteligencia cubanos que fueron arrestados en Estados Unidos y acusados ​​de intentar infiltrarse en grupos cubanoamericanos anticastristas. El grupo, conocido como los Cinco Cubanos, fue condenado en juicio. El presidente Barack Obama liberó a varios de sus miembros en un intercambio de prisioneros en 2014, como parte de los esfuerzos de su administración por normalizar las relaciones con Cuba.

El mes pasado, varios miembros republicanos de la delegación del Congreso de Florida instaron a la Fiscal General Pam Bondi a reabrir la investigación sobre un incidente ocurrido en 1996, en el que fuerzas cubanas derribaron dos aviones civiles desarmados operados por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con sede en Miami. Cuatro personas murieron.

En ese momento, el grupo recorría las aguas cercanas en busca de refugiados que buscaban escapar a Estados Unidos.

Los legisladores estadounidenses, en una carta del 13 de febrero, alegaron que Raúl Castro, expresidente de Cuba y hermano de Fidel Castro, ordenó el ataque mientras se desempeñaba como jefe de las fuerzas armadas del país.

Presionaron a los funcionarios de la administración Trump para que lo acusaran y citaron grabaciones de audio de Raúl Castro hablando del incidente que, según afirmaron, podrían ayudar a construir un caso.

“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este atroz crimen”, decía la carta firmada por los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis. “Es hora de que sea llevado ante la justicia”.

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