Piden revisar el caso Castillo: una caja fuerte desaparecida de la Gobernación de Apure y más de cinco años de prisión

La familia de Ricardo Rafael Castillo Garriga, ex administrador de la Gobernación del estado Apure, solicita la revisión de la condena de cinco años y seis meses de prisión que cumple por apropiación o distracción de patrimonio público y agavillamiento. El caso está relacionado con la desaparición de una caja fuerte en la que habría 120 mil dólares para la reparación en un puente, aunque otras fuentes estiman que el dinero provenía de lo recaudado en una estación de servicio manejada por la Gobernación de Apure.

Nunca hubo explicación por parte de la administración del entonces gobernador Eduardo Piñate de por qué se guardaba tal cantidad de efectivo en una caja fuerte de la gobernación ni de dónde provenía el dinero; tampoco hubo respuesta qué pasó con todo el aparato de seguridad que hay en la sede de la Gobernación para que desapareciera la caja fuerte y todo su contenido.

Ana Beatriz Laya Flores, esposa de Ricardo Castillo dijo, en conversación con Infobae, que el 26 de junio 2023 Castillo advirtió que la caja fuerte había desaparecido de su oficina, por lo que intentó comunicarse con su superior, la secretaria ejecutiva de la Gobernación, pero no obtuvo respuesta, por lo que hizo la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Mientras se encontraba activando la investigación, Castillo habría recibido instrucciones de regresar a su oficina, con el mensaje de que la situación se resolvería. Al llegar, relata Laya, a su esposo lo esperaban funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo retienen bajo investigación. La denuncia que había realizado ante el CICPC fue desestimada.

Sostiene que su esposo permaneció varios días sin acceso a un juez ni a sus abogados, hasta la presentación judicial, el 01 de julio 2023, en la que le dictaron privación de libertad. En ese caso también fue detenido Miguel Eduardo Mirabal Díaz, asistente y persona de confianza de Castillo; los dos admitieron los hechos presuntamente bajo presión, porque el proceso habría estado marcado por decisiones políticas y las nulidades promovidas por sus abogados fueron desestimadas.

La causa, identificada con el número 2G-00667-2026, se encuentra en el Tribunal Segundo de Ejecución de San Fernando de Apure, a cargo de la jueza Fanny Córdova. Castillo permanece recluido en el centro penitenciario “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

La admisión de los hechos se habría producido en un contexto de indefensión y presión, porque la jueza les hizo advertencias de que el juicio sería largo, que no podrían ganar frente al Gobierno y que se exponían a una pena de al menos quince años, frente a cinco años si admitían los cargos.

La familia de Castillo sostiene que los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público y agavillamiento tenían el fin de cerrar un caso que políticamente incomodaba a las autoridades apureñas, cuando el gobernador del fronterizo estado Apure era Germán Eduardo Piñate Rodríguez, uno de los hombres de más confianza de Nicolás Maduro Moros.

Presión política

La esposa describe lo ocurrido como una “criminalización por entorno” y considera que las autoridades regionales buscaban mostrar resultados rápidos ante la opinión pública, por lo que Castillo fue utilizado como chivo expiatorio para responder a las fallas de seguridad que habrían permitido la desaparición de la caja fuerte.

Laya Flores cuestiona la imputación por agavillamiento y afirma que la inclusión de Mirabal en la causa sirvió para sustentar ese delito. Sostiene, que las experticias de los teléfonos de ambos, realizadas por la DGCIM, no arrojaron hallazgos incriminatorios.

La familiar asegura haber leído el expediente y denuncia que el proceso se manejó como un caso político, sosteniendo que representantes judiciales, abogados y personas con influencia política, a quienes pidió ayuda, le indicaron que existía una orden de mantenerlos presos. Laya critica que no se profundizara en la investigación del robo ni en la actuación de quienes tenían responsabilidades de vigilancia.

Entre sus argumentos, señala que Castillo conocía la clave de la caja fuerte y pregunta por qué habría extraído la caja completa si simplemente podía acceder a su contenido. Quizá lo más suspicaz es saber qué pasó con la seguridad porque la sede de la Gobernación contaba con vigilancia permanente y presencia policial.

Recuerda que en ese momento había un contexto de mucha actividad por las protestas. Por ello considera inexplicable que las cámaras dejaron de funcionar en los días relacionados con la desaparición de la caja fuerte. Para la familia, el hecho de que Castillo denunciara el robo es un elemento relevante que debería valorarse al revisar la causa.

Los días previos

La familia identifica varios episodios relevantes para reconstruir lo sucedido y de los que advierten no fueron considerados con le valor apropiado en la investigación.

El 19 de junio de 2023 unas imágenes mostraban a Castillo saliendo por la puerta principal junto a Mirabal con una bolsa de alimentos procedente de un “susu”, una modalidad de aporte colectivo. Laya asevera que existen fotografías de la entrega de esa bolsa, que Castillo regaló a su suegra y que sus sobrinos recogieron esa tarde. La esposa cuestiona que esa salida se utilizara como base de la acusación y puntualiza que para ese momento las cámaras todavía funcionaban. Menciona un viaje a Caracas con motivo del Día del Padre y el regreso sin que Castillo advirtiera anomalías.

El 23 de junio de 2023 Castillo, según la esposa, tenía preparada el acta para entregar el cargo de administrador, pero su sustituto habría aplazado la recepción argumentando “compromisos en Caracas”.

Al día siguiente, 24 de junio 2023, Castillo abrió o manipuló la caja fuerte en presencia de un testigo que aseguró haber visto el dinero en su interior; ocurrió mientras entregaba una cantidad de dinero para la compra de una motocicleta.

El 25 de junio 2023. Laya Flores afirma que su esposo no trabajó ese día y que permaneció con ella durante la tarde y la noche, cuando hicieron pedidos de comida a domicilio sin salir de casa. Añade que la secretaria ejecutiva y la directora del despacho mantuvieron contactos con él desde la mañana, supuestamente para ofrecerle otro cargo y proponerle un encuentro para tomar güisqui. La esposa considera que los registros telefónicos podrían ayudar a esclarecer esas comunicaciones.

Fue el 26 de junio de 2023, según relata, cuando su esposo descubre la desaparición de la caja fuerte, va a denunciar ante el CICPC y el inicio de su retención por parte de la DGCIM. La esposa atribuye a ese día que las cámaras dejaran de funcionar.

Presuntamente funcionarios de los cuerpos policiales habrían comentado posteriormente cómo habría ocurrido el robo y reconocido informalmente que los detenidos resultaron perjudicados.

Petición de revisión

Laya vincula el caso de la Caja Fuerte de Apure con otros que califica de “falsos positivos” en Apure. Señala la intervención del mismo organismo de investigación y del mismo fiscal, e identifica a Vanessa Zelle, secretaria ejecutiva, como denunciante.

Según su versión, dos administradores fueron encarcelados durante la misma gestión: atribuye uno de los casos a una relación sentimental con el gobernador y el otro a una negativa a participar en actos de corrupción.

La familia de Castillo señala un tiempo de cumplimiento físico de más de tres años, además de cuatro meses de redenciones que estarían validadas y certificadas. Con base en ese cómputo, Castillo habría cumplido más de la mitad de la pena. Su esposa refiere que dispone de valoración psicosocial, evaluación conductual, antecedentes penales y carta de buena conducta.

Laya Flores hace alusión a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática de 2026, por la que pedían que el caso fuera examinado como una presunta persecución política selectiva.

La esposa solicita la revisión del expediente, la anulación de la condena y la restitución del buen nombre de Castillo. Pide justicia y libertad plena para su esposo y para Miguel Mirabal, cuyas familias han sufrido el impacto de la reclusión por lo que desean recuperar la paz familiar.