El Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso este miércoles la creación de una junta de gobierno provisional, instalada por “civiles y militares leales a la Constitución”, para “tomar las riendas de la nación” y convocar a un proceso electoral.
En una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el presidente de la gremial, Noé Mujica, llamó a la Fuerza Armada, a todos los cuerpos de la Policía Nacional y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a permitir que se celebren unas elecciones.
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“Abran el paso para que la sociedad civil pueda organizar una junta de gobierno, tomar las riendas de la nación y convocar a un proceso electoral transparente, limpio, sin trampas, creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y sea posible un cambio en Venezuela”, manifestó Mujica.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos opositores han exigido la convocatoria para la celebración de unas elecciones presidenciales.
La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.
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La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.
Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.
El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra, y ratificó que será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.
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El opositor venezolano Enrique Márquez exigió este miércoles que el debate para aprobar el presupuesto nacional para el próximo año se haga de manera abierta en el país y que se publique el proyecto entregado al Parlamento hace dos semanas, con su respectivo estudio de impacto económico.
En nota de prensa, Márquez indicó que el presupuesto nacional no puede considerarse como un mero trámite administrativo ni contable.
“Por el contrario, representa el pilar institucional indispensable para viabilizar una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática e institucional”, añadió.
El ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el presupuesto debe cumplir con tres funciones macroeconómicas claves como eje de gobernabilidad y legalidad financiera; servir de ancla antiinflacionaria mediante la estricta coordinación fiscal y monetaria para erradicar el financiamiento monetario del déficit; y propiciar la reactivación productiva a través de la inversión en infraestructura crítica.
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El pasado 14 de octubre, el Gobierno venezolano entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que el proyecto de presupuesto de 2027 está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de la inflación, mientras el salario mínimo mensual se calcula en centavos de dólar.
Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Parlamento divulgaron el contenido de la propuesta presupuestaria.
El pasado 16 de octubre, Transparencia Venezuela exigió al Ejecutivo que publique el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año.
Transparencia indicó entonces que desde hace una década los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal.
La experiencia de años anteriores apunta, prosiguió, a que una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.
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(Con información de EFE)
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