La irrupción de un nuevo grupo paramilitar en el municipio Páez del estado Apure, fronterizo con Colombia, ha sembrado el terror en la población con el asesinato de dos personas, situación que ha obligado a las autoridades a ordenar un fuerte despliegue militar y policial en una zona donde históricamente ha tenido presencia la guerrilla colombiana.
“Dos comerciantes asesinados y otros bajo amenazas, la población no puede seguir viviendo con miedo ni sometida a quienes pretenden decidir quién puede trabajar y bajo qué condiciones”, denunció el exdiputado Juan Francisco García Escalona.
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El grupo criminal se identifica como “Los Juanitos” y en un panfleto que pusieron a circular en Guasdualito, capital del municipio Páez, declaran “objetivo militar” a comerciantes del pueblo. “O se alinean o los hacemos alinear por orden de nosotros”, señalan en el texto, donde apuntan que a partir del 2 de noviembre “nadie puede trabajar con estas personas porque es objetivo militar hasta nueva orden, no se hagan matar”.
“Toda persona que no se encuentre al día con nuestra organización no puede laborar hasta nueva orden”, subrayan en el volante “Los Juanitos”, que cierran su mensaje con la siguiente advertencia: “En los próximos días o semanas vamos a seguir con la limpieza”.
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Condena
El gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, condenó esta situación e informó que está en “comunicación directa” con el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, “para velar por la paz” de los habitantes del sector.
Rodríguez afirmó que ya operan en el terreno el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Apure, general de división Luis Enrique Pinto Rosales, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) para combatir a los delincuentes y avanzar con las pesquisas por los asesinatos.
El antiguo legislador García considera que las averiguaciones deben ir más allá de este caso en particular. “Durante años se ha denunciado la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en nuestra frontera, así como los señalamientos sobre las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) y su inserción en el gobierno regional, en alcaldías y hasta con cargos de diputados a la Asamblea Nacional”, destacó.
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“Estas denuncias deben investigarse con seriedad, el gobernador y los alcaldes deben responder ante la población y dejar de actuar con complacencia frente a los grupos armados”, exigió García, quien subrayó que “es urgente la protección para los habitantes, la investigación de los asesinatos y acciones firmes dentro de la ley”.
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