Diosdado Cabello defiende la Ley contra el Odio que Delcy Rodríguez pidió reformar

La Ley contra el Odio tiene un doliente de peso. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez solicita la reforma del instrumento tras admitir que se cometieron abusos en su aplicación, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que en su momento fue “una necesidad” que habría funcionado para “frenar mucho desvarío de alguna gente”.

“Ojalá no hubiese necesidad de una Ley contra el Odio, eso sería extraordinario, significa que vamos avanzando”, declaró Cabello este lunes 5 de octubre en su condición de secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El titular de Interior enfatizó que esa “ley en un momento dado fue una necesidad, más allá, como dijo nuestra presidenta, del uso que se le puede haber dado en alguna circunstancia (...). Todo tiene su momento”.

El Parlamento de mayoría chavista instaló una comisión que se encargará de reformar la norma, atendiendo el requerimiento de Delcy Rodríguez. “Estamos de acuerdo en trabajar con mucha responsabilidad en un instrumento con un perfil más propositivo, más educativo, preventivo sobre todo, que podamos erradicar definitivamente la apología al odio, la violencia en la política, la intolerancia”, expresó el chavista Pedro Infante, jefe de esta instancia y vicepresidente de la Cámara.

En teoría, la modificación apunta a despenalizar el texto, que en la actualidad impone castigos hasta de 20 años de prisión. Además, entre sus sanciones incluye la revocatoria de las concesiones a los medios radioeléctricos, el bloqueo de portales web y la proscripción de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Derogatoria

Defensores de Derechos Humanos, tanto dentro como fuera del país, y dirigentes opositores han exigido la derogatoria de la Ley contra el Odio, denunciando que el instrumento solo ha sido utilizado para perseguir a la disidencia.

“Desde la entrada en vigencia de la ‘Ley Contra el Odio’ en 2017, según nuestros registros, a 927 personas se les imputó el delito de ‘instigación al odio’, a veces en conjunto con otros delitos. Seis siguen privadas de su libertad y 638 siguen sujetas a medidas cautelares”, expuso Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.

Cecodap -ONG que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente- detalló que “118 adolescentes enfrentaron imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio. En estos casos hubo adolescentes sometidos a angustia, incertidumbre y violencia por hechos cuya responsabilidad penal no fue demostrada”.

“Si queremos hablar de convivencia pacífica y tolerancia, debemos comenzar por algo elemental: la convivencia no puede construirse presumiendo la culpabilidad del otro, y mucho menos cuando se trata de un adolescente”, manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

La ONG Espacio Público aseguró que la norma reivindicada por Cabello “también ha contribuido a esquemas de extorsión y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación de derechos”.