El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró durante julio 509 protestas en todo el país, lo que representa 246% más que las contabilizadas en el mismo mes de 2025. En junio, esta organización documentó 483 manifestaciones.
“La conflictividad social estuvo marcada principalmente por las exigencias relacionadas con el derecho a la vivienda y los servicios básicos. Vecinos de distintas regiones reclamaron acceso a electricidad, agua potable y combustible, en un contexto agravado por los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026”, reseña el último informe publicado por esta ONG.
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De acuerdo con este balance, 317 manifestaciones respondieron a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), 62% del total. La demanda de derechos civiles y políticos activó las otras 192.
“Familiares de presos políticos, víctimas y organizaciones sociales continuaron reclamando libertad, debido proceso, garantías judiciales y el cese de actuaciones arbitrarias. Paralelamente, distintos sectores exigieron mayores garantías para la participación política y denunciaron abusos de autoridad”, recogen en el análisis.
Con vigilias, marchas y concentraciones, los familiares de los más de 300 políticos que aún siguen tras las rejas llevan meses en las calles clamando por la libertad de sus seres queridos. Este grupo trata de ejercer presión para que la presidenta encargada Delcy Rodríguez cumpla su palabra de excarcelar a todos los detenidos por razones políticas.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) convocó a una concentración para este miércoles 9 de septiembre ante la sede del Ministerio Público, al que solicitan respuestas ante sus denuncias de torturas, malos tratos y desapariciones. “Investigar no es abrir un expediente. Es actuar, informar y producir resultados”, subrayan los afectados.
Víctimas
El OVCS destaca que el doblete sísmico del 24 de junio, que ha dejado más de 6 mil muertos, se convirtió en un catalizador de la efervescencia popular.
“Comunidades afectadas por los terremotos exigieron atención gubernamental, búsqueda y rescate de personas desaparecidas, distribución oportuna de agua y alimentos, transparencia en la entrega de ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción de viviendas”, describen al caracterizar las manifestaciones ocurridas en julio.
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Apuntan que a las quejas por las fallas de los servicios de electricidad y agua potable, se sumó el hecho de que “habitantes de distintas regiones protestaron por la escasez y las irregularidades en el suministro de gasolina, indispensable para la movilidad, el transporte público y distribución de alimentos”.
“Las 509 manifestaciones documentadas evidencian una ciudadanía con mayor disposición a recuperar el espacio público, expresar sus demandas y ejercer pacíficamente sus derechos. Este incremento adquiere especial relevancia después de un período marcado por el temor, la criminalización de la protesta y las restricciones al espacio cívico”, concluye el Observatorio.
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