Apenas Donald Trump y Delcy Rodríguez hicieron público su pacto petrolero la noche del viernes 28 de agosto, el Partido Socialista Unido de Venezuela desenfundó de inmediato para apoyar a la mandataria interina.
En contraste, las organizaciones que conforman la opositora Plataforma Unitaria Democrática guardaron un silencio que se extendió hasta el lunes 31, cuando algunos de sus miembros fijaron posición con respecto al acuerdo.
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Hasta el momento de escribir esta nota, la líder de la oposición, María Corina Machado, no había dicho nada sobre el convenio sellado por el presidente de Estados Unidos y Rodríguez.
En su intervención este lunes en el Bled Strategic Forum -plataforma global de debate que se realiza en Eslovenia- ignoró el asunto y repitió su mensaje central: Se requiere el restablecimiento pleno de la democracia mediante elecciones libres para que Venezuela se convierta en el nuevo motor energético y comercial de Hemisferio Occidental.
El ex candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, sí compartió su opinión en la red X, donde indicó que “la recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”.
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Transparencia
Cada partido se pronunció por su lado y a su manera, dejando en evidencia que en esta materia no hay consenso. Acción Democrática manifestó su “profunda preocupación ante el anuncio de un acuerdo energético”, al tiempo que Primero Justicia exigió “transparencia, mayor información, rendición de cuentas y garantías verificables”.
En el fondo, ambos coinciden en un punto: la recuperación de la democracia venezolana debe estar por encima y no debe verse condicionada por el petróleo.
“Venezuela necesita petróleo, inversión y empleo, pero también necesita democracia, instituciones legítimas, transparencia y reglas claras. La reconstrucción del país exige unir definitivamente el petróleo y la democracia: una industria petrolera al servicio de una Venezuela democrática y una democracia capaz de garantizar que la riqueza petrolera esté al servicio de todos los venezolanos”, enfatizó Primero Justicia.
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Inquietud
Acción Democrática, bajo cuyos gobiernos Venezuela avanzó en el proceso de nacionalización de la industria petrolera, expresó su inquietud no solo por la falta de información precisa sobre el acuerdo, sino por “la validez de un convenio que está celebrado con un régimen ilegítimo”.
“Consideramos preocupante que un acuerdo de esta naturaleza, que según lo anunciado tendría una duración de 25 años e involucraría importantes activos petroleros de la Nación, sea conocido hasta ahora fundamentalmente a través de declaraciones públicas”, observó el partido socialdemócrata.
En línea similar a la trazada por Acción Democrática, el líder de La Causa R, Andrés Velásquez, subrayó que “lo más grave y es lo que nos debería preocupar a nosotros y a la administración norteamericana, es que están firmando un acuerdo con un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene facultad alguna para enajenar o comprometer activos o bienes del país”.
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“Por eso no nos cansaremos de exigir la urgente necesidad de convocar a elecciones presidenciales. Para devolver al país legalidad, seguridad jurídica, Estado de Derecho e institucionalidad, que hoy no existen”, declaró Velásquez, muy cercano a María Corina Machado.
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