En Venezuela, la vida real supera a la ficción. En 2018 trascendió que Rafael Quero Silva, antiguo coronel de la Guardia Nacional Bolivariana señalado de cometer torturas, estaba trabajando como extra en una telenovela.
Este miércoles, el culebrón de Quero Silva dio un giro inesperado, cuando se informó oficialmente de su deportación desde Estados Unidos.
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“Esta deportación refleja la excelente labor del ICE Miami, el HSI Miami, el FBI Miami y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra. Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional, y con garantizar que Estados Unidos no se convierta en un refugio seguro para personas que participaron en persecución, tortura u otros abusos graves contra los Derechos Humanos”, declaró un portavoz de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Quero Silva estaba al frente del Destacamento 47 de la Guardia Nacional en Barquisimeto, capital del estado Lara, centro-occidente del país. Sobre el militar pesa la acusación de haber dirigido entre 2013 y 2014 la represión en esa región contra las protestas que enfrentó el gobierno de Nicolás Maduro.
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Sobre el trato que Quero Silva dispensó a las decenas de personas que detuvo, describe un informe de la ONG Provea: “Según los testimonios, pasaron más de 24 horas sin ingerir alimentos, fueron golpeados de manera continua y sistemática, sometidos a acoso psicológico y amenazados con violencia sexual y traslados a un recinto penitenciario. A los detenidos se les preguntaba ‘Quién es tu presidente’ y si la respuesta no era ‘Nicolás Maduro’, eran golpeados en diferentes partes del cuerpo. Varios testigos afirman que una persona fue sometida a descargas eléctricas con un paralizer”.
Castigo
Víctimas del oficial lo habían demandado ante la justicia norteamericana y preferían que las autoridades de Estados Unidos lo mantuvieran en su territorio para juzgarlo. “Una deportación no menoscaba, limita ni elimina el derecho de las víctimas a denunciar los hechos que presuntamente sufrieron, ni afecta por sí misma su derecho a obtener justicia y reparación”, reaccionó al conocer la noticia la asociación civil Funpaz.
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La ONG apuntó que “Quero Silva es demandado por una acción civil federal que permanece abierta ante una corte de los Estados Unidos, promovida por víctimas que denuncian graves violaciones de Derechos Humanos. Su eventual permanencia fuera del territorio estadounidense no significa el cierre ni la desaparición del proceso judicial, cuyo desarrollo corresponde ahora a las autoridades judiciales competentes”.
¿Cuál será el destino del general ahora que regresó obligado a su país? No está claro. “Este es un buen caso para que el Ministerio Público y el fiscal general Larry Devoe demuestren su interés en investigar violaciones de Derechos Humanos e inicien de oficio una averiguación partiendo de los informes del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales”, sugirió Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
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