La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó dar mayoría a la sociedad civil en el comité que iniciará la renovación judicial

El Gobierno de Venezuela propuso dar mayoría a la sociedad civil en el comité preliminar que elegirá a los integrantes del órgano encargado de postular a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en un paso aprobado por la Asamblea Nacional durante una sesión extraordinaria que reactivó la ruta acordada entre el oficialismo y un sector de la oposición para renovar la cúpula judicial del país.

La iniciativa avanzó este jueves en primera lectura dentro del Parlamento, controlado por el chavismo, y fijó una modificación en la integración del comité preliminar que abrirá el proceso para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales. El cambio elevó de 21 a 23 el número de miembros de esa instancia y reservó 12 puestos para representantes de la sociedad civil y 11 para la representación parlamentaria.

El proyecto surgió después de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo instalada con auspicio de Estados Unidos, donde el oficialismo y una parte de la oposición pactaron a mediados de agosto un nuevo mecanismo para la designación de jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Ese entendimiento incluyó la revisión del sistema de justicia y la activación de un procedimiento distinto del que había comenzado meses antes.

La reforma apuntó al comité preliminar, que tendrá la tarea de seleccionar a los miembros del comité definitivo de postulaciones judiciales. Ese órgano posterior asumirá la evaluación de nombres para integrar el máximo tribunal. Con este esquema, la negociación política trasladó su primer efecto concreto al terreno legislativo, donde el chavismo conserva una mayoría amplia y dispone de los votos para avanzar con la modificación legal en la segunda discusión pendiente.

El diputado opositor Luis Florido, integrante del Grupo Parlamentario Libertad, sostuvo ante el pleno que la nueva composición del comité implicó un cambio en la orientación del proceso. Durante su intervención, planteó que la presencia mayoritaria de representantes sociales abrió una posibilidad para evitar que la elección de magistrados quedara otra vez bajo control de sectores partidistas y procurar una integración del tribunal con alcance nacional.

La discusión parlamentaria ocurrió después de que el proceso anterior quedara sin efecto. En mayo, la Asamblea había puesto en marcha un mecanismo para revisar más de 90 candidaturas a magistraturas del TSJ. Aquella etapa se detuvo luego del doble sismo que golpeó al país el 24 de junio, hecho que interrumpió el cronograma legislativo y dejó en suspenso una renovación que ya había comenzado.

Antes de esa interrupción, el Parlamento también había aprobado en mayo una modificación a la Ley Orgánica del TSJ para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados distribuidos en las seis salas del tribunal. Esa expansión quedó como parte del rediseño institucional previo, pero el comienzo de la negociación política llevó a reiniciar el procedimiento desde cero e incorporar nuevas condiciones para la selección.

(Con información de AFP)