ONG exigen a la mesa de negociación acelerar la renovación del Consejo Nacional Electoral

Catorce organizaciones de la sociedad civil exigen celeridad al proceso de negociación que llevan adelante el régimen chavista y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos, destacando que este mecanismo “necesita producir resultados tempranos, creíbles y genuinos para la población venezolana”.

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, había declarado que las renovaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se completarían para los meses de noviembre y diciembre, respectivamente. Las ONG cuestionan el cronograma asomado por Figuera.

“No vemos razones transparentes, técnicas, ni legales que justifiquen su dilación hasta diciembre. Los procedimientos establecidos en la legislación vigente permiten realizar la renovación del organismo electoral en un plazo cercano a los dos meses. Si existe voluntad política, octubre es una fecha posible”, exponen a través de un comunicado firmado por Transparencia Venezuela, Provea, Centro de Justicia y Paz, Civilis, Laboratorio de Paz y Red Electoral Ciudadana, entre otros.

Consideran que “activar la agenda electoral junto con la anunciada renovación del TSJ, puede convertirse en un factor de credibilidad y confianza tanto dentro de Venezuela como entre los actores internacionales que acompañan este proceso”.

Más que el voto

Los defensores y activistas de Derechos Humanos advierten que “la transición no puede limitarse a organizar una elección: debe crear las condiciones para que los ciudadanos puedan participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo”.

“Nuestro compromiso no comienza ni termina con la convocatoria de una elección. Continúa hasta que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024, sea materializada a través de un nuevo proceso electoral que conduzca a la reinstitucionalización democrática, al ejercicio de las libertades y el respeto de los derechos humanos”, señalan haciendo referencia a la última elección presidencial, que según las actas de escrutinio fue ganada por el opositor Edmundo González Urrutia, aunque el CNE proclamó vencedor a Nicolás Maduro.

Las ONG enfatizan que “no es posible hablar de transición democrática mientras organizarse, protestar, informar, defender derechos o participar políticamente siga teniendo costos represivos”. Pese a que la presidenta encargada Delcy Rodríguez planteó un “nuevo momento político” y promulgó una Ley de Amnistía, aún existen en el país más de 300 presos políticos.

Sostienen que “unas elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales, libres, competitivas y verificables son una vía pacífica e institucional para resolver la disputa por el poder y recuperar la capacidad de los ciudadanos de decidir sobre su futuro”.

“Venezuela lleva casi tres décadas esperando un cambio y atravesando penurias que continúan afectando la vida cotidiana de millones de personas. La sociedad venezolana ha demostrado paciencia, convicción de cambio y apuesta por la institucionalidad. Exigir un cambio democrático y una ruta clara y oportuna para alcanzarlo no es ser maximalistas: es responder a una demanda legítima y urgente de los venezolanos”, afirman las ONG.