La disputa por nueve islas ubicadas en el Río Bravo abrió un nuevo frente en la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. Luego de que trascendiera este 30 de octubre que autoridades de Texas las declararon propiedad de ese estado para facilitar el acceso de fuerzas de seguridad estadounidenses, el gobierno mexicano advirtió que ninguna administración estatal puede atribuirse facultades para definir la soberanía de territorios en la frontera.
México cuestiona la decisión de Texas sobre las islas fronterizas
La controversia surgió después de que la Oficina General de Tierras de Texas reconociera nueve islas del Río Bravo como parte de su patrimonio estatal. La determinación se produjo tras una petición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que buscaba contar con acceso a estos terrenos para realizar labores de vigilancia, limpieza e inspección.
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Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, argumentó que la falta de claridad sobre la propiedad de estos espacios había dificultado su supervisión. Con el nuevo reconocimiento, las autoridades estadounidenses tendrían mayores facilidades para ingresar y realizar actividades de seguridad en la zona.
La funcionaria también justificó la medida bajo el argumento de prevenir que estos territorios sean utilizados por organizaciones criminales para actividades como el tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico. Sin embargo, reconoció que no existe confirmación de que las nueve islas estén siendo utilizadas actualmente para cometer delitos.
Frente a este escenario, México puso en entredicho que una autoridad local estadounidense pueda establecer por cuenta propia la titularidad de terrenos situados en una zona cuya delimitación está sujeta a compromisos entre ambos países.
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El tratado internacional establece quién determina la soberanía
A través de una nota informativa la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el Tratado de Límites de 1970 contiene las disposiciones que regulan la división territorial en el Río Bravo.
De acuerdo con ese instrumento, la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del río, criterio que permite establecer a qué país corresponde cada porción de tierra.
En ese sentido, la posición mexicana es que la propiedad de las islas no puede resolverse mediante una declaración unilateral del gobierno de Texas. La determinación debe apegarse a los procedimientos acordados por México y Estados Unidos.
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La responsabilidad de aplicar estas disposiciones corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de atender los asuntos relacionados con la frontera fluvial.
Entre sus atribuciones se encuentra:
- Identificar la ubicación de las islas respecto de la línea divisoria internacional.
- Determinar a qué lado de la frontera corresponde cada territorio.
- Vigilar la aplicación de los acuerdos relacionados con el cauce del Río Bravo.
- Atender las disposiciones del tratado sobre intervenciones que puedan alterar el comportamiento natural del río.
La cancillería también recordó que ninguno de los dos países puede realizar obras que, a consideración de la CILA, provoquen desviaciones u obstrucciones en el flujo habitual del río.
La controversia abre un nuevo desafío para la relación fronteriza
El reconocimiento de las nueve islas como propiedad texana introduce una diferencia entre las decisiones administrativas de un estado estadounidense y las reglas internacionales que México considera obligatorias para definir la frontera.
Aunque Texas plantea que el acceso a estos terrenos permitirá reforzar las acciones de seguridad en la zona, la postura mexicana apunta a que esos objetivos no sustituyen los procedimientos legales establecidos para resolver cuestiones territoriales.
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La diferencia cobra relevancia porque las decisiones sobre espacios fronterizos no corresponden exclusivamente a los gobiernos locales, sino que involucran compromisos asumidos directamente por los dos países.
Ante la situación, México informó que mantendrá vigilancia sobre cualquier actividad que se desarrolle en las islas y dará seguimiento a las acciones que puedan tener implicaciones en la zona limítrofe.
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