Venezuela formalizó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional tras comunicar a Naciones Unidas y a la opinión pública internacional que ya no reconoce la jurisdicción del tribunal. El gobierno presentó la decisión como una respuesta a lo que definió como un trato parcial y una justicia internacional sesgada, que, según su canciller, concentró sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
La retirada se produjo en medio de una larga disputa sobre el alcance y la legitimidad de las pesquisas de la CPI respecto de crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios venezolanos.
El canciller Félix Plasencia explicó que la decisión surgió de la convicción de que la Corte no actuó con equidad, sino que ofreció sus mecanismos a intereses ajenos a la justicia y vulneró el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía.
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El gobierno de transición consideró que la concentración de investigaciones sobre países del sur global no respondió a una coincidencia procesal, sino a un patrón que perpetuó desigualdades y agravó la situación de Venezuela. Plasencia aseguró que el retiro representó una acción para rechazar la instrumentalización de la justicia internacional y la utilización de la CPI como una herramienta de lawfare, figura que el gobierno venezolano vinculó a una persecución política.
La medida se tomó después de que el Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, aprobara por unanimidad en diciembre una ley que derogó la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la norma como una denuncia ante el mundo de la inutilidad y el vasallaje de la Corte Penal Internacional.
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El Parlamento actuó luego del cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas, dispuesto por la Fiscalía del tribunal bajo el argumento de la falta de avances reales en las obligaciones de Venezuela respecto al principio de complementariedad. Ese principio exige a los Estados investigar de manera seria los crímenes imputados antes de que intervenga el tribunal internacional.
La investigación formal de la CPI sobre Venezuela se abrió en 2018, a partir de una remisión de varios países, y se centró en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. La dictadura de Nicolás Maduro intentó frenar el avance del caso, alegando que el sistema judicial venezolano desarrollaba pesquisas internas suficientes, pero la Corte desestimó esos argumentos en 2023 y reanudó la investigación.
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La decisión de abandonar la Corte fue notificada personalmente por el canciller Félix Plasencia al secretario general de la ONU, António Guterres, tras recibir instrucciones de Delcy Rodríguez, quien ocupa la presidencia encargada de Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El comunicado oficial insistió en que Venezuela mantiene su compromiso con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía nacional, pero rechaza la legitimidad de la CPI para intervenir en sus asuntos internos.
En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, expresó que existían bases razonables para creer que funcionarios y militares venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2017, lo que llevó a la apertura de una investigación formal.
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(Con información de AP y Reuters)
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