La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcotráfico y narcoterrorismo quedó fijado para el 1 de junio de 2027 tras una audiencia preparatoria celebrada este miércoles en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La vista, que duró apenas 18 minutos, fue presidida por el juez Alvin K. Hellerstein y consolidó un calendario procesal acordado de forma conjunta por la fiscalía y la defensa.

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Flores, de 69 años, afronta tres cargos vinculados a la importación de drogas y posesión de armas. Ambos podrían recibir cadena perpetua si un jurado los declara culpables.

El ex dictador y su esposa permanecen detenidos en la prisión federal de Brooklyn desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia de Caracas durante una operación nocturna y los trasladaron a Nueva York.

Antes del inicio del juicio, la defensa prevé presentar una primera batería de mociones que incluye un argumento de inmunidad soberana: Maduro era jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención. Su abogado Barry Pollack explicó durante la audiencia que, de prosperar ese recurso, el ex dictador quedaría eximido de afrontar una segunda ronda de mociones.

El calendario aprobado por Hellerstein contempla dos rondas de mociones previas al juicio. La fiscalía, encabezada por el fiscal Jay Clayton, prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre, según consignó CNN a partir de un documento del Departamento de Justicia.

Pollack también anticipó que impugnará la legalidad de lo que calificó como un “secuestro militar”. El gobierno del presidente Donald Trump, por su parte, ha definido la incursión en Venezuela como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal iniciado hace seis años.

Durante la audiencia del miércoles, Maduro apareció con mejor aspecto que en comparecencias anteriores —más delgado, sin la cojera que había mostrado en marzo— y siguió la sesión junto a sus abogados tocándose repetidamente los auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con una coleta y gafas, vistiendo el mismo uniforme penitenciario color caqui. Ninguno de los dos tomó la palabra durante la vista.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. En esa ocasión, Maduro afirmó en español: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, y se presentó como “un prisionero de guerra”.

El proceso avanzó luego de que la administración Trump autorizara a Venezuela a costear los honorarios de los abogados de la pareja, algo que inicialmente había bloqueado en virtud de las sanciones vigentes contra el país. La defensa había argumentado que impedir ese financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.

En paralelo al proceso penal, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron a comienzos de julio una demanda civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la captura del exmandatario, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez criticó el operativo estadounidense, pero se declaró dispuesta a iniciar una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington, que afirma ejercer influencia determinante sobre el país petrolero.