Al cumplirse este 24 de julio un mes del doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela, dejando hasta la fecha un saldo oficial de 5.398 fallecidos, organizaciones de la sociedad civil proponen la creación de una comisión supranacional técnico-científica que “analice objetivamente las consecuencias de los terremotos y determine imparcialmente las responsabilidades”.
“La tragedia ocurrida el pasado 24 de junio tiene que servir para analizar consecuencias y determinar responsabilidades, sin ocultamientos ni amiguismo, así como para actualizar las normas que correspondan, con criterios alejados de lo político y de lo circunstancial”, plantean en una misiva pública.
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El cataclismo ha abierto un debate sobre la calidad de las edificaciones construidas, especialmente las relacionadas con el programa gubernamental Misión Vivienda, en el estado La Guaira, declarado zona de desastre.
Medios locales han recordado que en 2021, el exministro Farruco Sesto, responsable de la Misión Vivienda, declaró en un foro en Madrid que “no hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”. Ante los cuestionamientos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez se ha limitado a responder que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado.
“La reconstrucción de las zonas fuertemente afectadas requiere, previamente, conocer con precisión las causas explicativas de severos daños causados en la infraestructura, viviendas, vías, hospitales, aeropuerto y otras edificaciones, que provocaron una tan elevada cantidad, aún en proceso de cálculo, de fallecidos, heridos, desaparecidos y familias sin hogar”, sostienen Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo y Grupo La Colina, entre otros.
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El parte oficial del gobierno da cuenta de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, entre ellas las de la NASA que habla de casi 59 mil edificaciones dañadas.
Sin partidos
Las organizaciones de la sociedad civil sostienen que esta comisión de expertos debe “realizar ingeniería forense de las edificaciones afectadas, para precisar las causas específicas que determinaron su colapso total o parcial”, tras recordar que “no todas sufrieron de igual modo, pese a estar en la misma zona, por lo cual deben evaluarse las diversas razones”.
Creen necesario establecer si se presentó “incumplimiento en proyectos de normas antisísmicas y de otras regulaciones urbanísticas, por parte de organismos públicos y constructores privados, materiales de insuficiente calidad y fallas de inspección técnica durante la construcción”.
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También abogan por “determinar las razones que impidieron o retrasaron la acción oportuna de las instancias a cargo de la gestión de riesgos y desastres naturales”. El gobierno de Delcy Rodríguez señala que las severas críticas a la atención de la emergencia obedecen a “matrices” que buscan desestabilizar al régimen chavista.
Los promotores de esta iniciativa resaltan que es fundamental evitar la partidización de las averiguaciones. “Estamos convencidos de que no podemos delegar la investigación en organismos que pudieran tener culpabilidad en lo acontecido”, subrayan.
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