Familias en La Guaira exigen detener las demoliciones mientras buscan a sus muertos bajo los escombros

Michell Gutiérrez lleva doce días frente al edificio donde quedó sepultado su padre. No se ha movido. No piensa moverse. Tiene 30 años y una sola certeza: antes de que las máquinas lleguen, quiere recuperar el cuerpo para darle sepultura. “No tengo nada, pero la verdad es que no me importa eso. Solo quiero recuperar a mi papá y acabar con este sufrimiento porque estar doce días aquí es una agonía”, dijo a la agencia EFE.

La historia de Gutiérrez se repite con variantes dolorosas a lo largo de Catia La Mar, el municipio del estado La Guaira que concentra algunos de los peores daños del doblete sísmico del 24 de junio. Sus vecinos se enfrentan a un miedo nuevo: que las autoridades demuelan los edificios al borde del colapso antes de que los cuerpos sean recuperados. “Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar, vivos o muertos”, subrayó Gutiérrez.

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y otros organismos recorren las zonas afectadas en los siete estados que sufrieron daños para clasificar las edificaciones mediante un sistema de semáforo: rojo para demolición, amarillo para intervención estructural, verde para habitabilidad. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el 29 de junio un comité de inspección integrado por instituciones públicas, organizaciones de ingeniería y universidades.

Iryuri Wisi buscaba en la misma zona a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, uno de 16 años y otro de pocos meses de vida. Denunció que la asistencia gubernamental aún no había llegado a su sector y que tampoco recibió apoyo de la policía militarizada. “Que diga la presidenta Delcy Rodríguez en qué nos ha ayudado”, afirmó a EFE. “El miedo es este: cada vez que mi familiar entra a buscar a mi hermana o su familia, y se termine de desplomar el edificio”.

La ausencia de cifras oficiales sobre desaparecidos es uno de los focos de mayor controversia. Las autoridades publicaron una plataforma digital para reportar personas en paradero desconocido, pero no actualizan esa estadística desde el 25 de junio. En ese vacío operó la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web independiente que al cierre de este lunes había registrado más de 30.000 personas sin contacto verificado.

El balance oficial de víctimas lo actualiza el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, responsable de la vocería gubernamental: al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos. La ONU advirtió desde los primeros días que el número final sería considerablemente mayor. Según análisis de imágenes satelitales procesadas por la NASA, más de la mitad de las edificaciones en los municipios costeros de Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia La Mar presentaban una probabilidad de daño de al menos el 75%.

A doce días del sismo, muchos de los equipos internacionales de rescate ya se han retirado. En los escombros trabajan principalmente bomberos venezolanos, defensa civil y voluntarios locales. En el edificio donde espera Gutiérrez estaba presente este lunes un equipo procedente de México, uno de los últimos cuerpos extranjeros que permanece sobre el terreno.

La gestión de la emergencia ha sido objeto de críticas desde el primer día: la asistencia tardó en llegar, la maquinaria pesada escaseó en las primeras horas y fueron los voluntarios civiles quienes iniciaron las labores de rescate. Cuatro funcionarios fueron detenidos y destituidos tras apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, según informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC).

Para Gutiérrez y para Wisi, la discusión sobre responsabilidades es secundaria. Lo que les queda es la espera. Y la certeza de que, mientras los escombros no sean removidos y los cuerpos no sean entregados, la tragedia del 24 de junio no habrá concluido para ellos.