Acme Nogal, miembro de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nicolás Maduro ganador de los cuestionados comicios presidenciales de 2024, figura en la lista de 561 postulados para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Nogal fue nombrada rectora principal del CNE en agosto de 2023. Llegó a ese puesto con el apoyo del partido opositor Un Nuevo Tiempo, del exgobernador Manuel Rosales. En ese momento, la cúpula del ente comicial estaba integrada por tres personas relacionadas con el chavismo y dos con la disidencia.
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A diferencia del otro rector identificado con la oposición, Juan Carlos Delpino, quien se marchó al exilio tras denunciar irregularidades en el proceso, Nogal suscribió los resultados, pese a que el CNE jamás pudo demostrar el supuesto triunfo de Maduro con la publicación de las actas de escrutinio.
La Asamblea Nacional amplió el número de magistrados de 20 a 32. En principio, los parlamentarios deberían escoger a 24 togados entre los 561 candidatos. La renovación del TSJ sigue a los cambios realizados en las direcciones de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Caras viejas
Entre los aspirantes resalta Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos.
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Haringhton fue viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal en la administración de Maduro, vicefiscal general de la República y se le ha vinculado sentimentalmente con el actual ministro de Defensa, Gustavo González López.
También quiere ser juez Gilberto Landaeta, antiguo fiscal del Ministerio Público que formó parte del equipo que investigó los sucesos que rodearon el golpe de Estado de abril de 2002 y el asesinato de su colega Danilo Anderson en 2004.
Responsable en su momento de casos de alto perfil político, Landaeta terminó siendo destituido por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Un puñado de ex magistrados presentaron sus nombres para retornar al TSJ. Juan José Mendoza, quien pasó de diputado chavista a jefe de la Sala Constitucional del máximo juzgado, encabeza este grupo. Mendoza estuvo ligado a Maduro y su esposa Cilia Flores.
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Otra que pretende volver es Marjorie Calderón, quien en 2009 condenó a un grupo de efectivos policiales por el golpe de 2002 en un juicio que fue criticado por distintos organismos defensores de Derechos Humanos.
Esos funcionarios acaban de recuperar su libertad en el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Delcy Rodríguez. Al igual que Haringhton, sobre Mendoza y Calderón pesan sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por contribuir con el socavamiento de la democracia venezolana.
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